Remiten al TS la investigación por contratación ilegal contra el exalcalde de Boadilla

Boadilla del Monte, 14 dic (EFE).- La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles ha admitido a trámite la querella contra la concejal de Personal de Boadilla del Monte, Susana Sánchez-Campos y ha remitido al Tribunal Supremo la investigación del alcalde y diputado, Antonio González Terol, por otra nueva denuncia por prevaricación y malversación de fondos.

Esta demanda ha sido presentada por el antiguo regidor, Arturo González Panero, y la juez ha instado a la apertura de diligencias en un auto fechado el pasado 11 de diciembre al que ha tenido acceso Efe.

La querella presentada por el ex alcalde denuncia que el Ayuntamiento cuenta en su plantilla con interinos que llevan en el Consistorio más de diez años "sin que se cumpliese en ningún caso los requisitos legales para ello".

"Se han realizado nombramientos completamente a dedo de funcionarios, los que ellos han querido sin ninguna explicación para puestos de mejor categoría y por tanto mejor retribuidos", añade la demanda.

Por todo ello, considera que esta manera "arbitraria de actuar" por parte de Terol y Sánchez-Campos se hace "incumpliendo reiteradamente la ley" y "utilizando el dinero público para repartirlo según su interés".

El juzgado reconoce que la investigación sobre Terol queda "en suspenso" puesto que "como consta en la diligencia que antecede y pese a que nada de ello se dice en la querella" dicha persona "podría ser en la actualidad" diputado, lo que obliga a esperar un certificado "que se ha solicitado a la Presidenta del Congreso de los Diputados para admitir o no la querella respecto a dicha persona", explica el auto.

La jueza considera que los actos que se apuntan en la querella de Panero pueden ser constitutivos de un delito de "prevaricación y malversación de fondos" y ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad que remita al juzgado la composición de la plantilla de personal desde el año 2011.

También se reclaman los documentos emitidos por el secretario municipal respecto a la "situación irregular" de varios trabajadores del Consistorio.

Sobre esta decisión cabe un recuerdo de apelación en un plazo máximo de cinco días.