Exjefa jurídica de Asamblea de Madrid dice que concesión a Arturo fue legal

Madrid, 30 nov (EFE).- La exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder ha asegurado hoy ante el juez de Púnica, Manuel García Castellón, que la adjudicación de los servicios de cafetería del parlamento regional al empresario Arturo Fernández en 2009 se hizo conforme a la normativa correspondiente.

Recoder ha declarado hoy en calidad de investigada ante el juez de la Audiencia Nacional durante 45 minutos en los que ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de las defensas, si bien ha declinado hacerlo a las de las acusaciones, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

García Castellón investiga a Recoder por la mencionada concesión de los servicios de cafetería al empresario madrileño -también imputado en la Púnica- en 2009 y por otra adjudicación de 2011 por la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a pedir que se investigara también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Pero, según las citadas fuentes, Recoder ha señalado que ambas concesiones se ajustaron a la normativa vigente y que se actuó conforme a los criterios que venían recogidos en los pliegos.

En relación con Cifuentes, únicamente ha confirmado que en 2009 la actual presidenta madrileña integraba la mesa de adjudicación y el comité de expertos que evaluaba a los licitadores.

A preguntas de su abogado, Recoder ha señalado que no está afiliada al Partido Popular ni tiene vínculo alguno con la fundación pública Fundescam ni con otro organismo público o partido político.

La declaración de la exjefa jurídica de la Asamblea de Madrid estaba fijada para el pasado 18 de octubre, si bien se pospuso a petición de su defensa al alegar falta de tiempo para instruirse en la causa.

Los investigadores creen que la concesión del servicio de cafeterías al grupo de Arturo Fernández se produjo poco después de que el empresario hubiese ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam, que se utilizaron presuntamente para financiar ilegalmente al PP madrileño.

Según un auto del anterior juez instructor de la causa, Eloy Velasco, existen "sólidos indicios" que acreditarían que empresarios como Fernández "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos" donde "habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas".