De los aplausos a la crítica, Paraguay sigue sin nuevo fiscal general

Asunción, 23 nov (EFE).- Paraguay comenzó en febrero un proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado que fue aplaudido en principio por los gremios de la abogacía, quienes han acabado denunciando que adoleció precisamente de la virtud que dijo querer instalar el Congreso de la Magistratura: la transparencia.

El proceso finalizó con la designación de una terna formada por las fiscales Sandra Quiñónez, Victoria Acuña y por Javier Díaz Verón, el actual fiscal general del Estado.

De esos tres, el Ejecutivo designó como candidata a Quiñónez, fiscal de la Unidad Antisecuestro del Ministerio Público, quien atesora varios casos de terrorismo de gran proyección mediática.

De ser elegida, Quiñónez se convertiría en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Sin embargo, esa posibilidad sigue atascada en el Senado, donde esta semana no se votó por falta de quórum y donde la oposición ha mostrado su rechazo a la designación de Quiñónez con base en la forma en que diseñó la terna el Consejo de la Magistratura.

Así, el Partido Liberal expresó en octubre su repudio a toda la terna apelando a la falta de transparencia del Consejo de la Magistratura, mientras que el Frente Guasu denunció que sus tres componentes proceden de un mismo sector político, presuntamente afín al Gobierno.

El Frente Guasu, del expresidente Fernando Lugo, destacó además que los fiscales de la terna llegaron a esa fase sin obtener las más altas calificaciones entre el centenar de postulantes al cargo.

En parecidos términos se expresó el Colegio de Abogados del Paraguay, que entonces manifestó que el proceso final no coincidió "con la apertura y la transparencia inicial que fue la que generó confianza".

Y eso que el proceso comenzó con las mejores expectativas, con más de cien postulantes que desde febrero se sometieron a diferentes pruebas y audiencias públicas en las que explicaron sus propuestas en caso de presidir el Ministerio Público.

"Entendimos que al principio hubo un proceso de legalidad, parecía que se iba a llegar a buen puerto. Hubo muchas postulaciones, diversos abogados independientes y también personas de 'la casa'. Al principio vimos bien el procedimiento", dijo a Efe Kattya González, presidenta del Colegio de Abogados del Paraguay.

Una valoración que se invirtió con la designación de la terna por parte del Consejo de la Magistratura, que según González abortó la inicial transparencia.

"Al final del proceso, cuando podían coronar la tarta con una guinda se fue todo al tacho, porque decidieron una terna con tres personas de 'la casa', sin audiencia pública y sin la preponderancia del mérito, ya que la terna no era la de mayor puntaje", señaló González.

La abogada añadió además que el Consejo de la Magistratura no comunicó las razones que le llevaron a confeccionar esa terna, ni ha divulgado el costo económico del largo proceso.

"No se dio ninguna explicación al gremio, ni a nosotros ni al Grupo Impulsor de Acceso a la Información. Ninguna contestación oficial a nuestras preguntas, solo el acta de certificación de la terna", declaró González.

Desde el Colegio de Abogados de Paraguay plantean emprender un nuevo proceso, desde el inicio y al margen de que la designación o rechazo de Quiñónez esté en manos del Senado.

No obstante, la Cámara Alta se proyecta como un escenario voluble y condicionado por unas alianzas e intereses políticos propias de un tiempo electoral como el actual, con la inminencia de las elecciones internas de los partidos, en diciembre, y de los comicios generales de abril de 2018.

Se evidenció esta semana cuando la falta de quórum evitó que no se llegara a votar el nombramiento o rechazo de Quiñónez, pese a la postura en contra a la candidata del Ejecutivo y al resto de la terna ya expresada por el Partido Liberal y el Frente Guasu.

Y es que las ausencias de los legisladores del Partido Colorado y de algunos liberales, opuestos a la corriente oficialista de su partido, dejaron en el limbo la votación para esa designación.

La sesión fue convocada al cumplirse el plazo legal para esa votación, que de momento queda aparcada hasta la convocatoria de una nueva sesión o hasta después de las elecciones internas.

De momento el Ministerio Público sigue dirigido por Díaz Verón, seis meses después de cumplido su mandato.