
Madrid, 30 oct (EFE).- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela deberá decidir si incorpora la querella que ha presentado hoy la Fiscalía contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern cesado en la causa en la que investiga los disturbios del 20 y 21 de septiembre en Cataluña por sedición.
Al estar en funciones de guardia, la querella contra Puigdemont y sus exconsellers por los delitos de rebelión, sedición y malversación, se ha presentado hoy ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, del que es titular Lamela, han informado fuentes jurídicas.
Lamela tendrá que decidir ahora si asume la investigación e incorpora la querella a la causa que instruye en relación al asedio a la Guardia Civil los pasados 20 y 21 de septiembre por estar los hechos relacionados. De lo contrario, se enviará a reparto entre los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado hoy la presentación de esta querella, que se dirige contra "los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña" que "han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia", realizada "con total desprecio a nuestra Constitución".
En la causa que instruye Lamela figuran como investigados por un delito de sedición -penado de entre 8 a 15 años de cárcel- el exjefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero -cesado el pasado sábado-, la intendente de la policía catalana Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y del Ómmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Sánchez y Cuixart se encuentran en prisión incondicional desde el pasado 16 de octubre por "promover" los disturbios mientras que Laplana y Trapero están en libertad con medidas cautelares.
La juez decretó para ambos la obligación de entregar su pasaporte y de facilitar un domicilio y un teléfono de contacto para estar localizable, así como comparecencias quincenales.
El ministerio público también ha dirigido una segunda querella, esta vez ante el Tribunal Supremo, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.
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