Panamá, 25 oct (EFE).- Un tribunal negó una extensión de dos meses más en la investigación por supuesto blanqueo de capitales que involucra a la constructora brasileña Odebrecht en Panamá, en el marco del caso conocido como "Lava Jato", y ordenó a la Fiscalía remitir el expediente, informó hoy el Órgano Judicial (OJ).
La jueza Duodécima de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá encargada, Lania Batista, rechazó la prórroga solicitada por la fiscalía anticorrupción y ordenó que remita el expediente "para no caer en violación de los principios de legalidad y del debido proceso".
La magistrada recordó que el pasado 3 de julio concedió una extensión hasta que se agotará la investigación, siempre y cuando no existiera persona detenida, pues en tal caso el término de dos meses para remitir el expediente con la vista fiscal correría a partir de dicho arresto.
El pasado 17 de agosto el Ministerio Público (MP), en el marco de esta investigación, dictaminó arresto domiciliario al exdirector de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) Amado Barahona, lo que, según el tribunal, "constituye una privación de libertad".
"Por tanto el término de dos meses para remitir el expediente, con su respectiva vista fiscal, empezó a correr desde dicha resolución (de medida cautelar), teniendo que entregar el expediente al Tribunal competente el 17 de octubre del año en curso", indicó la juez.
Esta investigación dio inició con una denuncia presentada por el excontralor panameño Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015.
Weeden "puso en conocimiento a las autoridades que las sociedades Constructora Norberto Odebrecht S.A., Osealangola DS, Odebrecht Servicios No exterior, LTD., y OSEAL, supuestamente transfirieron millones de dólares a diversas sociedades", señala un comunicado del OJ.
El 10 de enero de este año, un tribunal de Panamá ordenó la reapertura de esta investigación, sobreseída provisionalmente en octubre de 2016 en el marco del caso conocido como "Lava Jato".
El caso fue abierto a raíz de la denuncia Weeden, en la que pidió al MP investigar si Odebrecht incurrió en un delito contra el orden económico en perjuicio del Estado panameño.
Weeden explicó en su momento que pedía a la Fiscalía que investigara si una empresa supuestamente vinculada a Odebrecht utilizó el sistema financiero panameño para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de Petrobras.
El Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en una sentencia fechada el 22 de diciembre de 2016 y difundida el 10 de enero pasado, "ordena la reapertura de la sumaria en averiguación", en respuesta a una petición hecha por la Fiscalía Séptima Anticorrupcióón en noviembre de 2016.
El Juzgado, que fue el mismo que dictó sobreseimiento provisional de la investigación, aceptó el argumento de la Fiscalía de que el caso se debía reabrir dado que Brasil respondió una asistencia judicial solicitada por el Justicia local.
Un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. difundido en diciembre de 2016 reveló que Odebrecht pagó 59 millones de dólares en sobornos en Panamá entre 2009 y 2014.
Por el caso de Odebrecht están procesadas alrededor de medio centenar de personas en Panamá, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), sobre quienes hay órdenes de búsqueda y captura.
Desde que iniciaron las investigaciones en 2015, el MP ha retenido 56 millones de dólares en distintas cuentas de Suiza, Andorra y Panamá, y ha incautado un helicóptero y un lujoso apartamento en España, de acuerdo a los datos oficiales.
El MP anunció el pasado 1 de agosto que firmó un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht que incluye el pago de 220 millones de dólares y el compromiso de la empresa de entregarle toda la información que tenga relacionada con Panamá.
