Comienza el juicio contra el grupo de defensores de derechos humanos los "Once de Estambul"

Estambul, 25 oct (EFE).- El juicio contra los "Once de Estambul", un grupo de defensores de derechos humanos turcos, entre ellos la directora y el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional (AI), un activista sueco y un alemán, detenidos en julio pasado, comenzó hoy en esa ciudad en medio de una gran expectación.

"Nosotros esperamos que todos los defensores de los derechos humanos serán puestos en libertad hoy", indicó a Efe el representante de AI en Turquía, Andrew Gardner, antes del inicio de la sesión en el Palacio de Justicia de Estambul.

"Las acusaciones son absurdas. En el escrito de acusación no hay prueba alguna. Esperamos que después de tres meses en prisión preventiva al menos se les ponga en libertad provisional para que puedan volver con sus familias", agregó.

Diez de los acusados, entre ellos la directora de AI en Turquía, Idil Eser, la activista Özlem Dalkiran, el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi, fueron detenidos el 5 de julio pasado en la isla de Büyükada, cerca de Estambul, donde participaron en un taller sobre seguridad informática y derechos humanos.

Todos, salvo dos, están desde entonces en prisión preventiva.

A estos diez se suma el presidente de AI en Turquía, Taner Kiliç, detenido ya en junio pasado bajo la acusación de formar parte de la red de simpatizantes del predicador islamista Fethullah Gülen, al que Ankara atribuye el fallido golpe de Estado de julio de 2016.

Los demás activistas están acusados de mantener vínculos tanto con la cofradía gülenista como con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda izquierdista de Turquía, y con el DHKP-C, un grupo armado turco ultramarxista.

El escrito de acusación destaca que durante ese taller, los acusados hablaron de "cómo almacenar información en un teléfono móvil de forma segura si lo confisca la policía, cómo impedir que la policía u otras personas accedan a esa información y cómo encriptarla".

La Fiscalía concluye que los acusados tenían intención de cometer actividades ilegales y que su objetivo era "transformar la situación política actual suscitando nuevas revueltas similares a las de Gezi a través de organizaciones que actuarían como ONG pero dirigidas por organizaciones terroristas".

"Está totalmente claro que esto es un caso político, un caso impulsado por las declaraciones del Gobierno y las campañas contra las organizaciones de derechos humanos. No hay nada legal, no hay nada fundamentado en la ley que permita mantener a estas personas encarceladas", dijo Gardner.