Barcelona, 17 oct (EFE).- La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, considera que la próxima suspensión de la Ley de la Agencia de Protección Social por parte del Tribunal Constitucional "es un acto más de represión y acoso hacia Cataluña".
El TC suspenderá en los próximos días, cautelarmente, la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña, que pretende crear una 'seguridad social catalana', un asunto sobre el que hay acuerdo en el pleno del tribunal pero que no ha sido todavía resuelto.
El recurso, el último de los que ha presentado recientemente la Abogacía del Estado contra las leyes que pretenden crear "estructuras de Estado" en Cataluña, impugna la ley citada en su conjunto.
Figura en el orden del día del pleno que ha comenzado hoy y hay acuerdo entre los magistrados para admitirlo a trámite y automáticamente suspender la norma.
La resolución será adoptada y notificada en los próximos días, según han explicado a Efe fuentes del Tribunal Constitucional.
Al conocer la noticia, Bassa ha considerado que se trata de una nueva "represalia" contra Cataluña.
"Una vez más, el PP utiliza el TC demostrando que en España no existe la separación de poderes indispensable en una democracia", ha denunciado la consellera.
La ley de la Agencia Catalana de Protección Social es el organismo encargado de desplegar el sistema de protección social de Cataluña, centralizar las prestaciones que en cada momento sean competencia de la Generalitat, organizar y gestionar los recursos del sistema de servicios sociales y representar al Govern en las instituciones internacionales en materia de protección social.
Fuentes del departamento de Asuntos Sociales han comparado esta Agencia Catalana de Protección Social con otros organismos de otras Comunidades Autónomas como la Agencia Madrileña de Atención Social, el Instituto de Atención y Servicios Sociales de Aragón o la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales.
"El Estado podía haber propuesto una comisión bilateral de resolución de conflictos para analizar cómo se tenía que interpretar esta ley, y nunca lo ha propuesto. Como siempre, prefieren ir directamente al Constitucional y no utilizar la vía del diálogo", ha lamentado Bassa.