Santiago de Chile, 12 sep (EFE).- Un juez chileno condenó hoy a cinco agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en dos casos por el secuestro calificado (desaparición) de dos opositores en los años 1974 y 1976, informaron fuentes judiciales.
En el primer caso, el juez especial Mario Carroza condenó a cinco años y un día de presidio al brigadier Miguel Krassnoff Marchenko, el coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Durán, y al suboficial Basclay Zapata Reyes por la desaparición del fotógrafo Óscar Castro Videla, detenido el 16 de agosto de 1974.
Los tres condenados están actualmente en prisión, cumpliendo sentencias que suman varios centenares de años, tras ser declarados culpables en varios juicios por violaciones a los derechos humanos.
El juez, en la investigación, logró determinar que Castro Videla, de 40 años y militante del Partido Socialista, fue detenido en su casa, hasta donde llegaron los agentes junto a Luz Arce, miembro también del Partido Socialista que, doblegada por la tortura, se había convertido en colaboradora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.
Castro Videla fue llevado a "Londres 38", un centro de torturas y exterminio situado en pleno centro de Santiago, donde fue visto por varios prisioneros que lograron sobrevivir y después cambiado a otro recinto, situado en el municipio de Ñuñoa, donde tras ser careado con Luz Arce se pierde su rastro.
En el segundo caso, el juez condenó a cinco años y un día de prisión a los mismos Krassnoff y Zapata, además del brigadier Pedro Espinoza y el coronel Carlos López Tapia por el secuestro de María Galindo Ramírez, cometido el 18 de julio de 1976.
Con 26 años y secretaria de oficio, María Galindo militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió contra la dictadura y fue detenida en la vía pública, siendo llevada después a "Villa Grimaldi", un sitio de tortura y exterminio, donde fue vista por otros prisioneros e hizo amistad con un guardia.
Este último dio testimonio en el juicio sobre los tormentos a los que fue sometida Galindo hasta que se perdió su pista.
En ambos casos, el juez acogió las demandas civiles presentadas por familiares de las víctimas y condenó al fisco a pagar indemnizaciones por el daño moral causado.
En Chile, según datos oficiales, 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet. De ellas, 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
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