Santiago de Chile, 4 sep (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó hoy un proyecto de ley que busca castigar penalmente la incitación a la violencia física por motivo de raza o nacionalidad, sexo, orientación sexual o identidad de género.
"Estamos reivindicando los principios esenciales que sustentan la democracia de nuestra República: la diversidad, la tolerancia, el respeto y, sobre todo, una cultura de paz donde no puede haber lugar para la violencia ni el odio", declaró la presidenta durante el acto de firma, previo al envío del texto al Legislativo.
El proyecto de ley agrega un nuevo artículo al Código Penal para sancionar con cárcel y multa a quien incite públicamente la violencia física contra una persona o un grupo por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.
Bachelet lamentó que ese tipo de agresiones físicas y verbales suceden con "dolorosa frecuencia", lo que supone "una afrenta para nuestras sociedades y nos avergüenza como grupo humano".
El proyecto establece penas de 61 a 540 días de cárcel y multas que van de 2.200 a 3.500 dólares. Si el delito lo comete un funcionario público en ejercicio de sus funciones, la pena irá de 541 días a tres años de cárcel y la multa será de unos 3.500 dólares.
Además se elimina de la Ley de Prensa, una norma que solamente castiga con una multa a quienes hagan publicaciones o transmisiones destinadas a promover el odio contra personas o grupos por su raza, sexo, religión o nacionalidad a través de cualquier medio de comunicación, explicó el Gobierno.
"Estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en este sentido, estándares que Chile también está adoptando y reconociendo en este proyecto", destacó la presidenta.
Bachelet subrayó que en la etapa preparatoria del proyecto, que ahora se discutirá en el Congreso, se dialogó con actores relacionados con el tema como las comunidades judía y palestina, el Colegio de Periodistas, abogados penalistas y organizaciones de la sociedad civil.
La Fundación Iguales, colectivo que trabaja a favor de los derechos de las minorías sexuales en Chile, celebró la presentación del proyecto de ley y consideró que "el Estado debe garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos".
Su presidente ejecutivo, Juan Enrique Pi, pidió en un comunicado no dejar de lado las reformas pendientes en la Ley Antidiscriminación, promulgada en 2012, como crear instituciones para prevenir la discriminación y aumentar las sanciones.
