San Juan, 28 ago (EFEUSA).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, advirtió hoy que intensificará la lucha y no permitirá ningún acto de corrupción, un problema que acompaña a la profunda crisis económica que sufre la isla desde hace más de una década.
"Es importante que todos los servidores públicos entiendan que este Gobierno está comprometido con prevenir la corrupción y procesará a todo aquel que traicione la confianza que el pueblo depositó en nosotros", dijo Rosselló hoy en un comunicado.
Rosselló participó en una reunión del Grupo Interagencial Anticorrupción en la que se discutieron iniciativas de investigación y el procesamiento de delitos de este tipo, antesala de la Cumbre Anticorrupción que se celebrará el próximo 3 de noviembre.
"En ese sentido es importante que todos los organismos pertinentes colaboren hacia este fin común y trabajemos en equipo para prevenir y procesar cualquier acto de corrupción", subrayó Rosselló.
El grupo tiene la misión de velar por la ética gubernamental, el buen uso de los fondos públicos y procesar a cualquier persona que se aparte del correcto cumplimiento de sus funciones.
La reunión de hoy contó con la presencia de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario; la contralora Yesmín Valdivieso, y el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado.
A la cita acudieron además la superintendente de la Policía, Michelle Hernández; el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Douglas Leff; e Ismael Colón Birriel, miembro del Panel del Fiscal Especial Independiente.
Rosselló informó durante el encuentro a los participantes de que trabaja en un proyecto de ley para adoptar el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico que tiene como propósito recoger en un mismo ordenamiento la política pública sobre la corrupción y ética que en la actualidad se encuentra dispersada en múltiples leyes.
"Se trata de una medida dirigida a solucionar las lagunas y desfases entre las leyes y facilitar el acceso y entendimiento de las normas aplicables a cada cual. También se buscará ampliar las protecciones contra represalias para cualquier persona que denuncie actos de corrupción gubernamental", indicó Rosselló.
El jefe del Ejecutivo explicó que el objetivo es elevar a rango de ley la iniciativa de trabajo en equipo del Grupo Interagencial en un Comité para la Prevención y Erradicación de la Corrupción que estará compuesto por los actuales miembros del Grupo Interagencial y otros.
La corrupción es un problema que ha acompañado a la crisis económica en la isla durante la pasada década.
Uno de los últimos episodios es el protagonizado por el exsecretario de Recreación y Deportes Ramón Orta y los otros seis detenidos, que fueron acusados el pasado junio de cincuenta cargos por un fraude para obtener fondos federales.
El esquema de fraude consistía en la creación por parte de los acusados de corporaciones para obtener contratos del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico sin pasar por el proceso de subasta con fondos federales para prestar servicios al Departamento de Educación.
Poco antes, en mayo, el exsenador puertorriqueño Héctor Martínez Maldonado y Juan Bravo, antiguo presidente de una de las mayores compañías privadas de seguridad de la isla, fueron encontrados culpables de soborno tras la celebración de un juicio de cuatro semanas.
En abril, tres antiguos rectores de la Universidad de Puerto Rico y varios funcionarios más fueron investigados bajo la sospecha de haber cometido más de diez delitos, entre los que destacan el fraude, el enriquecimiento injustificado y la malversación de fondos.
El creciente número de casos de corrupción provocó que en febrero Rosselló, en el cargo desde enero, firmara la Ley 15 que restablece la Oficina del Inspector General (OIG) con el propósito de combatir la corrupción.
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