Organizaciones internacionales reafirman su apoyo a la Misión de la OEA en Honduras

Tegucigalpa, 20 jul (EFE).- Cinco organizaciones reafirmaron hoy su respaldo a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA y lamentaron una supuesta campaña de desprestigio contra su portavoz, Juan Jiménez, por investigar la posible corrupción en un proyecto hidroeléctrico.

"Resulta sumamente preocupante que los ataques contra la Maccih, que se han reproducido en los medios de comunicación hondureños en los últimos días, sean una respuesta a su anuncio de colaborar con la Fiscalía General en la investigación de presuntos actos de corrupción en torno al caso Agua Zarca", indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Los ataques directos más recientes "forman parte de un patrón de esfuerzos para socavar la credibilidad de la Maccih", señala el documento suscrito por Fundación para el Debido Proceso, Washington Office on Latin America (WOLA), Oxfam, Global Witness, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La misión de la OEA indicó el pasado día 16 que la campaña de desprestigio busca involucrar a Jiménez, de nacionalidad peruana, en el proceso que se le sigue al expresidente de Perú Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por presunta corrupción.

Las organizaciones hicieron un llamado a "respetar el mandato de la Maccih de abordar asuntos como el caso Agua Zarca, en colaboración activa con el Fiscal General de Honduras (Óscar Chinchilla) y a que permitan que los hechos del caso sean determinados en un tribunal independiente e imparcial, sobre la base de una diligente investigación".

El pasado día 13 Jiménez anunció que la Maccih y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural de Honduras investigan "la existencia de presuntos ilícitos en la concesión y contratos en favor de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA)", responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, al que se oponía la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016.

Según investigaciones preliminares, en este presunto caso de corrupción "habría la participación de funcionarios públicos", y Jiménez afirmó que la Misión investigará también "el nivel de responsabilidad de los representantes legales" de DESA, así como de la empresa Potencia y Energía de Mesoamérica (Pemsa), que tendría "una conexión en Panamá", añadió el portavoz de la Maccih.

El documento de las organizaciones, divulgado en Tegucigalpa por la Maccih, indica que Cáceres se oponía a Agua Zarca, paralizado tras su asesinato, por "la ausencia de una consulta adecuada con las comunidades indígenas afectadas", tal como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de esos grupos autóctonos.

Además, por la existencia de "presuntas irregularidades en el otorgamiento de la concesión en favor de DESA para desarrollar el proyecto".

La concesión de Agua Zarca, según la Maccih, fue otorgada en 2011 por el fiscal adjunto de Honduras, Rigoberto Cuellar, cuando era ministro de Recursos Naturales, en medio de una supuesta trama delictiva, un extremo rechazado por el exfuncionario.

Las organizaciones lamentaron que la investigación sobre el asesinato de la líder ambientalista e indígena se ha desarrollado con "preocupante lentitud", pues los autores intelectuales "aún no han sido identificados".

Además, llamaron a la comunidad internacional a garantizar "recursos suficientes" para que la Maccih, creada en 2016, pueda llevar a cabo su labor.

Recordaron que la misión fue creada para colaborar en el fortalecimiento del sistema judicial hondureño, en su lucha contra la corrupción y la impunidad, mediante la cooperación, el asesoramiento técnico y la supervisión de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.

El Gobierno y la sociedad civil de Honduras deben "permitir que la Maccih lleve adelante su labor, libre de falsas acusaciones, interferencias y ataques", enfatizaron.