El Congreso salvadoreño aprueba una polémica reforma a la ley de extinción de dominio

San Salvador, 18 jul (EFE).- El Congreso de El Salvador aprobó hoy una reforma a la Ley de Extinción de Dominio de bienes ilícitos, en medio de críticas de sectores civiles que la acusan de que buscaría beneficiar a funcionarios y exfuncionarios investigados por supuesta corrupción.

La modificación de la Ley de Extinción de Dominio fue aprobada este martes con los 31 votos del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los 11 de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y uno de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de un total de 84 votos.

De acuerdo con el decreto legislativo, "se ha vuelto necesaria la revisión" de la ley para "subsanar deficiencias observadas con el devenir del tiempo, principalmente en el sentido de que no ha estado dotada de las garantías procesales".

Una de las principales modificaciones a la norma es la de incluir plazos de prescripción a la acción de extinción de dominio de 10 años contra los delitos de corrupción y contra Hacienda, y de 30 años al crimen organizado, terrorismo y pandillas. Anteriormente no contemplaba esta figura.

También se limitó el inicio del proceso de extinción de bienes ilícitos basado en la presunción de un "incremento patrimonial injustificado" únicamente para las pandillas y el crimen organizado, y se dejaron fuera los casos de corrupción.

Una de las disposiciones anuladas por el Congreso es la que permite al Estado quedarse con bienes de "valor equivalente" a los de origen ilícito cuando "resulte imposible" su localización porque los imputados los destruyeron o escondieron.

Diferentes sectores de la sociedad salvadoreña han criticado esta iniciativa, porque la reforma buscaría beneficiar a funcionarios y exfuncionarios de diferentes gobiernos investigados por posibles actos de corrupción.

Este mismo martes la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, señaló que la reforma "no cumple con las normas internacionales y eso es muy triste para El Salvador", porque es un "paso grande atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad".

EE.UU. apoya a El Salvador, Guatemala y Honduras con fondos para la aplicación del llamado Plan Alianza por la Prosperidad, con el que buscan reforzar la seguridad para reducir la violencia en esos países, luchar contra la corrupción y proporcionar asistencia técnica para atraer inversión internacional hacia la región.

Uno de los últimos casos en los que se ha aplicado la ley ahora reformada es con la herencia del expresidente Francisco Flores (1999-2004), procesado por supuestamente desviar 10 millones de dólares a una cuenta del partido Arena y apropiarse de otros 5 millones de dólares provenientes de donaciones taiwanesas.

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo a mediados de junio pasado que "esa ley estaba pasiva" y en su gestión se ha utilizado "con bienes de pandilleros, con narcotraficantes de poca monta, pero ahora ocurre que cuando actuamos en contra de diputados, políticos o ex funcionarios ya no gusta".