Madrid, 12 jul (EFE).- Una empleada del Ayuntamiento de Valdemoro relató el pasado marzo a la Guardia Civil en el marco del caso Púnica que llegó a recibir presiones para adjudicar en 2012 el contrato del SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) a la empresa SEYS cuando el alcalde era José Carlos Boza Lechuga.
La empleada, A.M.G., declaró el pasado 30 de marzo como testigo en el puesto de la Guardia Civil de Valdemoro y denunció también amenazas de muerte por parte de un representante de esa empresa.
En su declaración, según consta en el acta al que ha tenido acceso Efe, explicó que participó en la preparación de los pliegos para la adjudicación de ese contrato.
"Fui yo quien redactó los pliegos con ciertas indicaciones de carácter político que provenían del documento de inicio del contrato", que lo "estableció el alcalde mediante una providencia".
Según su relato, hubo instrucciones concretas en cuanto a la duración del contrato y la forma de establecer el canon, y no le pareció razonable el plazo de duración, 25 años, y aconsejó hacerlo más corto.
Finalmente se vio obligada a redactarlo en esos términos y desdes el principio las cosas "no le parecieron normales" y le daba la sensación de que todos esos aspectos "venían dictados desde el gabinete del alcalde".
La oferta técnica de SEYS era bastante mejor, prosiguió la empleada, y "estaba particularizada para el ámbito frente a otras ofertas que parecían más improvisadas", por lo que le pareció que había "tenido mucho tiempo para estudiarla".
De hecho, un responsable de esta empresa, Jesús del Castillo, llegó a participar en reuniones durante la preparación del contrato o de los pliegos.
También dijo que, tras la crisis económica, hubo varias reuniones en las que se dijo se estaba valorando prescindir de personal y que los primeros serían quienes no tenían familia o que no vivieran en Valdemoro.
"Era por presionar al personal, porque era un momento difícil para encontrar trabajo", señaló en su declaración ante la Guardia Civil.
A su juicio, "éste era un proyecto bastante político, donde es el político quien determina si quiere o no una zona de estacionamiento regulado en su municipio o no. Que en otro tipo de contratos como los de obra no le ha pasado tanto".
Ante la contestación social por el gran número de plazas de SER, en abril de 2013 la testigo cree que se dio una orden política verbal a la empresa adjudicataria para que acometiera una modificación, borrando plazas de SER, que eran 4100 y que se quedaron en 3025.
En un principio se negó a dar esa orden sin formalización del expediente, pero como se había anunciado en los medios de comunicación y la empresa lo aceptó, finalmente lo hizo.
En la actualidad, indicó que están con un expediente de resolución del contrato por incumplimiento "porque desde el inicio del contrato hay cuestiones incumplidas".
La resolución del contrato se ha basado en un informe elaborado por ella y a raíz de esto recibió una visita de David Gistau, que está vinculado con SEYS, con Jesús del Castillo.
En esa visita le transmitieron su enfado porque su informe era "muy duro" y, con la intención de que la resolución no se llevase a efecto, le dijeron que la estaban investigando a ella y al alcalde con detectives para desacreditarles.
Le amenazaron con divulgar información sobre ella, fuera cierta o falsa, para apartarla del expediente y que intentarían filtrárselo al alcalde, al juez Eloy Velasco y a la prensa que por "poco dinero publicaba cualquier cosa".
Al preguntar a uno de ellos, cuya identidad no queda precisada en el acta de declaración, que pretendía quitándola a ella le contestó que el siguiente que viniera vendría con miedo, por lo que entendió que le estaba intentando chantajear para que no se llegara a la resolución del contrato.
De hecho, le mencionó a su familia, le dijo que sabía donde vivía, dónde trabajaba su marido y le hizo una mención al bienestar de sus hijos.
Ella le dijo entonces que le estaba amenazando, y en ese momento "dicha persona se marchó" no sin antes advertirla de que sus socios "no amenazan sino que matan".
Más tarde le entró miedo por esas ultimas palabras, le llamó y le entregó un documento de trabajos realizados, pensando que así le tranquilizaba y no tomaban medidas de carácter violento pues estaba preocupada por su familia.
