Funcionarios judiciales uruguayos exigen al Gobierno pago de millonaria deuda

Montevideo, 26 jun (EFE).- Un grupo de funcionarios judiciales uruguayos ocuparon hoy uno de los juzgados de Montevideo en protesta por la deuda de "aproximadamente 60 millones de dólares" que el Gobierno mantiene con ellos, dijo a Efe el secretario general de la asociación que agrupa a estos trabajadores, Eduardo Silveira.

El reclamo surge a raíz de un aumento salarial aprobado en 2010 durante la Administración del entonces presidente José Mujica (2010-2015) en la que se estableció un aumento salarial para los ministros de Estado que, por ley, deben estar equiparados a las retribuciones de los funcionarios judiciales.

Luego de los reclamos de los funcionarios, que llegaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), se estableció una sentencia en marzo de 2016 en la que se detalló una adecuación de los salarios a futuro del 21,6 %.

Sin embargo, el Gobierno aprobó en la ley de Presupuesto Nacional de Uruguay, el artículo 733 en el que el Estado puede diferir el pago de deudas que tengan sentencia judicial con funcionarios públicos a futuras instancias presupuestales, norma que fue denunciada por los funcionarios ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Nosotros tenemos un juicio de inconstitucionalidad contra el artículo 733 de la última ley de Presupuesto en el que está pendiente la designación de un fiscal, el expediente está en Presidencia para designarlo desde noviembre de 2016 y aún está trancado", subrayó Silveira.

Asimismo, el secretario general de la de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) manifestó que al estar cercana una nueva instancia presupuestal era una "preciosa oportunidad" para que el Poder Ejecutivo previera "por lo menos" alguna medida que se acerque a alguna solución.

En la última Rendición de Cuentas anunciada el pasado 14 de junio, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, declaró que se destinarán 10 millones de dólares para cubrir una cuota de la deuda de 30 millones que mantiene con los magistrados, defensores y fiscales y que no estaban sujetos a la sentencia de la SCJ.

"Son menos funcionarios que nosotros, ganan más y no tienen sentencia, y el Gobierno dejó por el camino a los que somos más, ganamos menos y sí tenemos", añadió Silveira.

El monto de 60 millones de dólares incluye a más de 3.000 funcionarios y tiene que ver con la adecuación "que es el aumento a futuro que hay que incorporar al sueldo" y con la deuda que se mantiene.

Según explicó Silveira, el sindicato se reunió en diferentes jornadas con el Ministerio de Trabajo y recibió una propuesta que fue rechazada en asamblea. Luego de ello, se presentó una contra oferta por parte de la gremial que el Poder Ejecutivo "no consideró".

"Nuestro objetivo es que se cumpla la sentencia judicial, que se proceda a la adecuación. Podemos negociar la deuda, la forma de pago, como se puede pagar, los plazos, para todo eso estamos abiertos al diálogo pero hay una sentencia que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir y no lo está haciendo", concluyó.