Buenos Aires, 6 jun (EFE).- El juicio contra un policía acusado de matar y hacer desaparecer en Argentina a dos jóvenes de 17 años en 2009 comenzó hoy en un tribunal de Buenos Aires hasta el que se acercaron familiares de las víctimas para pedir justicia y denunciar los casos de violencia institucional en el país austral.
"Tras siete años y once meses de lucha logramos que se llegue a juicio oral y público después de que el principal acusado, Santiago Veyga, fuera sobreseído tres veces por falta de pruebas", explicó a Efe Andrea Giribaldi, miembro del movimiento Proyecto Popular.
El juez Facundo Cubas había desestimado el caso cuando Veyga alegó que los jóvenes, Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, "quisieron robarle la camioneta, y al darse cuenta de que era policía, intentaron matarle", señala un folleto distribuido por la asociación.
En 2010 apareció un video en el que un grupo de policías se burlaba de Lezcano, conocido como "Kiki", se reabrió el caso y se apartó al juez Cubas de la causa.
Según la asociación, los adolescentes fueron "brutalmente" asesinados, estuvieron desaparecidos durante dos meses y aparecieron enterrados sin identificar en un cementerio municipal.
"Kiki y Ezequiel fueron víctimas de gatillo fácil de la Policía Federal, con previa humillación y molidos a golpes", indica la organización.
"En esta primera sesión declararon Angélica Urquiza, mamá de Kiki y los policías que fueron testigos del caso", detalló este martes a Efe el padrastro de Lezcano, Daniel Torres.
La agrupación realizó a lo largo de toda la jornada distintas actividades en los alrededores de los juzgados para visibilizar la problemática y denunciar los casos de "gatillo fácil".
A juicio de Giribaldi, en los últimos meses hubo un "recrudecimiento del accionar de las fuerzas de seguridad" y en el sur de la ciudad de Buenos Aires las fuerzas de seguridad adquirieron "grandes niveles de impunidad", insistió.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) organizó el pasado diciembre una concentración para denunciar la "violencia" de las fuerzas de seguridad y repudiar una "política represiva" del Gobierno que mata a un joven "cada 25 horas", señalaron entonces a Efe.
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