
Oviedo, 1 jun (EFE).- El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha abandonado a las 12:45 horas el Palacio de Justicia de Oviedo, donde estaba citado a declarar en el marco de la Operación Hulla, tras someterse a un examen del médico forense para determinar su estado de salud.
Fernández Villa, que al igual que a su llegada no ha hecho declaraciones a los medios y ha necesitado la ayuda de su mujer y de su hija para caminar debido a su deterioro físico, está siendo investigado en relación con el presunto desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos y privados del Montepío de la Minería y, por el momento, no ha trascendido si ha prestado declaración.
En otra causa por apropiación indebida tras la querella interpuesta por el SOMA-UGT, en la que ya se ha decretado apertura de juicio oral, la representación legal de Fernández Villa presentó numerosos recursos para tratar de evitar su declaración ante la juez, algo que finalmente tuvo que hacer el pasado marzo, catorce meses después de ser citado por primera vez.
En aquella ocasión, un neurólogo designado por el juzgado para realizar el examen del estado mental del exlíder sindical ratificó que estaba en condiciones de someterse a un interrogatorio, aunque con preguntas cortas y con descansos.
A lo largo de la mañana están prestando declaración en el Juzgado otros testigos e investigados en el marco de esta operación, lanzada el pasado martes por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
También está previsto que esta tarde pasen a disposición judicial los cuatro detenidos en el marco de esta operación, incluido el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo, que ayer fue trasladado desde Murcia, donde fue arrestado, hasta la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo.
Los otros tres detenidos el exasesor fiscal del Montepío de la Minería, J.M.F.F.; el arquitecto Manuel Sastre, autor del proyecto de la Residencia de Mayores "La Minería" en Felechosa, en Aller, y Juan Antonio Fernández, propietario de la constructora que ejecutó la obra, que supuso una inversión de 31 millones de euros.
La operación investiga el desvío, la apropiación y la ocultación de fondos públicos y privados del Montepío entre 2005 y 2014 iniciada en relación con un presunto blanqueo de capitales del exsecretario general del SOMA-UGT, que en 2012 regularizó 1,4 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal y que figura como investigado.
En la operación para construir el geriátrico "La Minería" de Felechosa por la mutualidad se centran las sospechas sobre el origen de los fondos que Fernández Villa y Postigo -360.000 euros- regularizaron en la amnistía fiscal lo que determinó su expulsión del sindicato y del PSOE.
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