San Salvador, 31 may (EFE).- La audiencia especial de responsabilidad civil por la supuesta malversación de 15 millones de dólares por el difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), fue aplazada hoy y continuará mañana, debido "a la cantidad de incidentes que el juez tiene que analizar".
La audiencia fue instalada este miércoles en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador a las 09:45 hora local (15:45), con una hora y 15 minutos de retraso, ya que estaba programada para las 08:30 hora local (14:30 GMT).
El juez del caso resolvió aplazar la audiencia debido "a las incidencias expuestas por la parte fiscal y la defensa, las cuales tienen que ser analizadas con tiempo", por ello el proceso continuará mañana jueves, 1 de junio, a las 11:00 hora local (17:00 GMT).
Durante dicha audiencia la Fiscalía pidió, como una de sus principales incidencias, que el proceso se suspenda hasta nuevo aviso, hasta que "los herederos certifiquen el papel de los defensores".
"Lo que la fiscalía pide es que los abogados defensores legitimen su actuar en esta audiencia, o sea que la familia los designe como sus defensores en este proceso, ya que con el fallecimiento del expresidente prácticamente cesó su participación en esta audiencia", explicó uno de los fiscales del caso.
Por su parte, la defensa pidió al juez que la querella abandone el proceso de responsabilidad civil, porque "no presentó documentación que abone a la causa, por lo que su participación en la audiencia es innecesaria".
Además, solicitó que la Fiscalía "ordene la documentación presentada, la cual establece la supuesta responsabilidad civil del expresidente Flores, ya que presenta vacíos y no expone claramente la postura de la parte fiscal".
El exmandatario, fallecido el 2 de febrero de 2016 a los 56 años, se apropió, según la Fiscalía, de 5 millones de dólares y otros 10 fueron depositados en cuentas de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), bajo cuya bandera gobernó el país centroamericano.
Tras el fallecimiento de Flores concluyó su responsabilidad penal, pero no la obligación civil por los cargos de corrupción de los que fue acusado, "que tendrá que ser determinada", explicó en su momento la parte querellante, que además señaló que "en caso de existir, hay que seguir un procedimiento para la recuperación, por parte del Estado, de esos bienes".
Los cargos que se imputaban al ex jefe de Estado fueron peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de terceros.
Durante la audiencia preliminar del caso, el juez Miguel Argüello, del Juzgado Séptimo de Instrucción, incorporó el delito de lavado de dinero, pero la Cámara Primero de lo Penal lo suprimió el 18 de diciembre de 2015, porque este no estaba incluido dentro de la acusación de la Fiscalía salvadoreña.