El Gobierno salvadoreño accede a financiar a la Fiscalía con un impuesto a la seguridad

San Salvador, 22 may (EFE).- El Gobierno de El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, accedió a entregar 10 millones de dólares de un impuesto especial para la seguridad a la Fiscalía, que carece de fondos para funcionar el resto del año, informó hoy el vicepresidente Óscar Ortiz.

La decisión gubernamental se da días después de que el presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, advirtiera al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén de que destinaría estos fondos a la Fiscalía aunque no contara con su venia.

Ortiz explicó que este martes presentarán al órgano legislativo la propuesta de distribución de unos 74 millones de dólares recaudados en los últimos meses con el referido tributo, de los que 7 millones serán destinados a la Fiscalía.

El vicepresidente explicó en rueda de prensa que los otros 3 millones de dólares que necesita la institución para funcionar saldrán de las recaudaciones que se hagan en los próximos dos trimestres.

A mediados de marzo pasado, en la última distribución de los fondos recogidos, de 11 millones de dólares la Fiscalía solo obtuvo 250.000 dólares, mientras que el resto fue distribuido entre la Policía y el Ejército.

Los fondos proceden del impuesto especial para la seguridad del 5 % aplicado a las telecomunicaciones y a las ganancias empresariales superiores a 500.000 dólares, vigente desde 2016.

En 2016, este tributo llevó 57,5 millones de dólares a las arcas estatales, de los que la Policía recibió 19,65 millones y el Ejército 9,4 millones, cerca del 50 % de lo recaudado.

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo a inicios de febrero durante una reunión con sus homólogos de Guatemala y Honduras que no se descarta la posibilidad de pedir el apoyo de un ente internacional para realizar investigaciones si aumentan las presiones al organismo y no le suben el presupuesto.

"En un momento determinado (...) podría evaluar que no se tienen los recursos para luchar contra el delito" y que "sí hay demasiadas presiones y conspiraciones que no permiten realizar el trabajo", por lo que en ese momento se recomendaría que un organismo internacional "coopere" con la Fiscalía, explicó Meléndez.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, y el Gobierno atribuye a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias sus altos índices de asesinatos, que en 2015 y 2016 fueron de 103 y 81,7 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.