Santiago de Chile, 15 may (EFE).- La justicia chilena ordenó hoy arresto domiciliario total para el exjefe de seguridad de Augusto Pinochet, Cristián Labbé, procesado como presunto autor del delito de aplicación de tormentos en contra de un electricista en la localidad sureña de Panguipulli en noviembre de 1973.
El excoronel del Ejército, que se encuentra recluido desde el pasado 17 de abril en el destacamento de Montaña N° 8 Tucapel, de la ciudad de Temuco, 690 kilómetros al sur de Santiago, por orden del juez Álvaro Mesa, salvó de la prisión tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco.
"Teniendo presente que los fines del procedimiento se satisfacen con una medida cautelar de menor intensidad que la prisión preventiva, se sustituye la medida por el arresto domiciliario total del procesado", precisa el texto del fallo.
La acusación señala a Labbé como el torturador de Harry Cohen, un electricista de Panguipulli, localidad situada a 857 kilómetros al sur de Santiago, entre octubre y noviembre de 1973, en los inicios de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
La defensa del joven electricista, detenido en la vecina localidad de Futrono, señala que la víctima fue aparentemente elegido al azar por su aspecto (utilizaba el pelo largo) y "sirvió como conejillo de indias" en un centro de operaciones de inteligencia en esa zona.
El exoficial del Ejército fue instructor de los primeros agentes de la policía secreta de la dictadura tras el golpe del 11 de septiembre de 1973; guardaespaldas de del dictador y más tarde, después de dejar la institución, fue alcalde durante 16 años de la comuna de Providencia.
Labbé ya había sido detenido y procesado anteriormente por secuestrar y torturar a Cosme Segundo Caracciolo, un dirigente de los pescadores del puerto chileno de San Antonio, en 1975.
Caracciolo fue sacado violentamente de su domicilio, golpeado, maniatado y trasladado hasta las cabañas del Ejército, situadas a unos 110 kilómetros al suroeste de Santiago.
Los hechos sucedieron en el regimiento número 2 de "Tejas Verdes", donde existía un campo de prisioneros políticos, ubicado en la provincia de San Antonio, y que era parte de la infraestructura de represión del Ejército.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
