Montevideo, 11 may (EFE).- El miembro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ) Jorge Chediak, dijo hoy a la prensa que su organismo quiere mantener los plazos fijados para la modificación del código penal del país y no coincide con el pedido de prórroga que el Ministerio del Interior y la Fiscalía pretenden hacer.
En este sentido, Chediak manifestó que la SCJ "mantiene" el compromiso que asumió con el Senado de Uruguay de no pedir ningún plazo extra para efectuar el nuevo código y que están trabajando "con todas" sus fuerzas para llegar a la fecha fijada del 16 de julio de este año.
"Nosotros trasmitimos a la Comisión Interinstitucional de Implementación que integramos Ministerio del Interior, Fiscalía y Poder Judicial que no acompañábamos la solicitud de prórroga pero que sí entendemos que siete u ocho artículos de la normativa actual es indispensable que se modifiquen", añadió.
Respecto de las modificaciones, el funcionario consideró que es necesario trabajar en las áreas de libertad condicional y la derogación del Instituto de Suspensión Condicional de la pena ya que no se adecúan al proceso acusatorio.
Asimismo, señaló que hay que legislar para que "quede muy claro" cuáles serán los juzgados que empezarán desde cero con los casos nuevos con el código de 2017 y cuáles serán los juzgados que tendrán los casos que hoy se están tramitando y continuarán con el procedimiento anterior de 1980.
Sin embargo, Chediak entiende que estas modificaciones se pueden hacer "sin postergar la entrada en vigencia del código", pero que en caso de que el resto de los integrantes de la Comisión decide solicitar la prórroga lo acatarán.
Por otra parte, el miembro de la SCJ se refirió a los dichos del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien manifestó al diario local La República días atrás que en Uruguay por lo general "los ricos no van presos" y negó que esto suceda.
"He servido casi 40 años a la única Justicia que tiene este país que es absolutamente para todos. Uruguay tiene una situación envidiable en donde lo que la Constitución establece en papel y la realidad se parecen", subrayó.
Además, concluyó que "hay que tener claro" que en el país tanto los pobres, los de clase media y los más adinerados, en caso de cometer un delito "van presos".
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