Los accionistas BPA piden investigar si hubo "complot" para castigar al banco

Madrid, 4 may (EFE).- Los accionistas mayoritarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramón Cierco, han pedido al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que abra una investigación por si hubo un "complot" para "castigar" a la entidad ante la creencia de que ellos "ocultaban información de la familia Pujol".

En un escrito remitido a la Fiscalía General del Estado al que ha tenido acceso Efe, el abogado de los Cierco, Javier Iglesias, pone de manifiesto varios aspectos que considera irregulares de la investigación a Banco Madrid, la entidad adquirida por BPA que fue intervenida en marzo de 2015 por el Banco de España y cuyo consejero delegado, Joan Pau Miquel, fue detenido por blanqueo.

En el documento, además de mencionar varios aspectos de la investigación que incluyen supuestas reuniones con los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo (que llevan el caso Pujol y han pedido amparo a Maza tras ser apartados del caso 3 %), el abogado reclama además al fiscal general "amparo" para "seguir con libertad e independencia colaborando" con Anticorrupción.

El letrado afirma que, lejos de presionar a los fiscales, los Cierco están colaborando con la Fiscalía y asegura que ya entregaron a la justicia toda la información que tenían sobre la familia Pujol y "no ocultaron absolutamente nada".

Iglesias explica en el escrito que en noviembre de 2016 contactó con sus clientes Daniel Carrau, abogado del empresario Rafael Pallardó, quien ha denunciado a Grinda y Bermejo ante la Fiscalía por haberle coaccionado para confesar contra el expresidente catalán, una denuncia que ha tramitado el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ante lo que los dos fiscales también han pedido amparo a Maza.

Según Iglesias, el abogado de Pallardó dijo a los Cierco que tenía unas grabaciones de una reunión celebrada en abril de 2014 en Bucarest (Rumanía) entre Grinda, Bermejo, el director general de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (IUFAND), Carles Fiñana, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat.

Carrau les aseguró -según su versión- que en esa reunión de Bucarest "se habría planificado la intervención y liquidación e BPA", y añadió que con esas grabaciones, "a las que denominada 'ensaimadas'", y con la documentación que tenían los Cierco, a la que se refirió como los "panellets", solucionaría los problemas judiciales de Pallardó y de los Cierco.

También le dijo luego a Iglesias que debía ir a Anticorrupción el pasado 23 de febrero acompañado de Higini Cierco para reunirse con la teniente fiscal, Belén Suárez, y los fiscales Juan José Rosa, Grinda y Bermejo (estos cuatro llevan la investigación a los Pujol), así como con el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, y aportar "la documentación que poseía".

Iglesias afirma que todo esto le causó "gran asombro" y, "ante la gravedad" de lo que le dijo el abogado de Pallardó, recomendó a sus clientes evitar cualquier contacto con él y no acudir a la "supuesta cita" en Anticorrupción.

Pallardó, considerado "blanqueador" de la red del caso Emperador liderada por Gao Ping y que colaboró con la justicia en este caso, ha denunciado a Grinda y Bermejo porque supuestamente le coaccionaron para declarar en contra de Jordi Pujol, mientras que los fiscales afirman que, al contrario, él les pidió dinero de los "fondos reservados" para implicar al expresidente catalán.

Los fiscales han pedido amparo a Maza ante esta denuncia y otra de un directivo de la BPA, Santiago Roselló, imputado en el caso Clotilde sobre la mafia rusa instaurada en Cataluña por Andrej Petrov y a quien también se refiere el abogado de los Cierco en su escrito ante Maza.

Según Iglesias, Roselló le dijo a Higini Cierco que en el caso Clotilde (del que se encargan los fiscales Grinda y Rosa) Petrov habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para "apuntalar las actuaciones contra los Cierco y por ende la liquidación/intervención de BPA y Banco Madrid" a cambio de beneficios procesales y que los fondos de su empresa depositados en BPA (unos 50 millones, según el abogado, supuestamente provenientes del blanqueo) no se verían afectados.

El abogado de los Cierco recuerda que la intervención de BPA se sustenta en tres pilares: el blanqueo por parte de ciudadanos venezolanos, el lavado de dinero de la red de Gao Ping que confesó Pallardó y el caso Clotilde.

Del primer aspecto, afirma que contra los venezolanos "no existe actuación alguna", del segundo indica que Pallardó denunció que hizo una declaración "dirigida por la policía andorrana" para confesar contra BPA y, en cuanto al tercero, duda de la confesión de Petrov porque el ruso, dice Iglesias, obtuvo "enormes beneficios" cambio de implicar a Roselló y BPA.

Añade el letrado que estos tres asuntos, así como una querella de antiguos clientes del Banco Madrid, los llevan los fiscales Grinda y Bermejo, y pide por todo ello que se abra una investigación para determinar si "se actuó contra BPA/Banco Madrid de forma concertada e ilícita en términos procesales".