Madrid, 31 mar (EFE).- La Comisión de Investigación sobre el supuesto uso partidista de medios del Ministerio del Interior ha confirmado que el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso tiene obligación de comparecer en el Congreso después de que surgieran dudas sobre la legalidad de su comparecencia.
Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, todos los portavoces de la comisión han coincidido por unanimidad en que Daniel de Alfonso tiene la obligación legal de comparecer el próximo miércoles 5 de abril junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, tal y como había sido citado.
Esta semana, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, remitió un escrito al Congreso en el que alertaba de que los magistrados no están obligados a comparecer ante "autoridades civiles y militares" por asuntos que no se refieran al ejercicio de su cargo.
Lesmes recordaba en su escrito que el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que cuando una autoridad civil o militar precise datos o declaraciones de un juez o magistrado sobre asuntos que no se refieren a su cargo o función "se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquél, previo aviso".
Un precepto legal que choca con el artículo 76.2 de la Constitución y con la propia Ley Orgánica que regula las comisiones parlamentarias de investigación.
La Constitución establece que será "obligatorio" comparecer en las comisiones de investigación del Congreso y el Senado y avanza que las leyes regularán sanciones por su incumplimiento.
Por su parte, la Ley Orgánica sobre Comisiones de Investigación es más concreta y en su artículo primero obliga también a todos los ciudadanos españoles y extranjeros que residan en España a comparecer ante las comisiones en las que sean requeridos.
De no hacerlo, se enfrentan a una condena por un delito de desobediencia grave.
La fuentes consultadas han asegurado que los portavoces estuvieron de acuerdo en que Daniel de Alonso tiene la obligación de comparecer ya que prevalece la Constitución sobre cualquier otra ley, incluida la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Corresponde ahora al juez decidir si acude o no al Congreso y afrontar las consecuencias de su incumplimiento.
Tras medio año de retrasos debido, entre otros factores, a la enfermedad de Jorge Fernández Díaz, la comisión echó a andar el pasado día 9 de marzo.
Impulsada por el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos y apoyada por Podemos y Ciudadanos, nació precisamente después de que se destaparan en julio las conversaciones entre Fernández Díaz y Alfonso en las que hablan de posibles investigaciones a dirigentes de CDC o ERC implicados en el proceso soberanista y de posteriores filtraciones a la prensa.
