Continúa el clamor de Justicia tras un año del asesinato de Berta Cáceres

Tegucigalpa, 3 mar (EFE).- Al cumplirse un año del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, su familia, organizaciones ecológicas y la comunidad internacional exigieron hoy Justicia y castigo para los culpables, que podrían esconderse tras algunos "gatilleros" detenidos hasta ahora.

La primera persona en elevar este clamor fue su madre, Berta Austra Cáceres, quien dijo hoy en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país, donde fue asesinada su hija, que "aún no tenemos los resultados que nosotros deseamos".

"Justicia a medias no es justicia", enfatizó la madre de la ambientalista en declaraciones a periodistas, al recordar que hasta ahora están detenidos ocho hombres implicados en la muerte violenta de Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

"Tienen capturados a ocho posibles gatilleros asesinos, pero con eso no nos basta, porque lo que nosotros queremos es que se llegue hasta las últimas consecuencias, a los verdaderos actores, los que mandaron, los que pagaron para que la asesinaran", sostuvo.

Además, dijo tener "plena seguridad de que hay complicidad de parte del Gobierno, del Ejército, de parte de todas las fuerzas poderosas del país en el asesinato", a quienes les advirtió que "no crean que va a quedar impune" el asesinato de su hija, quien en 2015 había recibido en EE.UU. un premio de la organización ambiental Goldman.

En la víspera del primer año del crimen, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo que su Gobierno seguirá apoyando al Ministerio Público para que el crimen no quede impune.

"Como Ejecutivo seguimos en la disposición de apoyar con lo que el Ministerio Público nos solicite" para que el asesinato de Cáceres "no quede en la impunidad", enfatizó Hernández en un evento público en el departamento de Intibucá.

El gobernante recordó lo que expresó tras la muerte de la activista, que se trata de un hecho que "ha golpeado al pueblo hondureño y al Estado de Honduras".

Cáceres, quien se oponía a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, con capacidad para generar 21 megavatios, y que fue paralizado tras su asesinato, murió el 3 de marzo de 2016 en su casa, hasta donde llegaron desconocidos y le dispararon.

El único testigo del crimen es el también ambientalista Gustavo Castro, quien era huésped de Cáceres y resultó con una herida de bala en una oreja, aunque no de gravedad.

Según las autoridades, los ocho detenidos habrían tenido alguna responsabilidad en el asesinato de Cáceres y entre ellos podrían estar los autores materiales e intelectuales del crimen, lo que no cree la familia y la defensa que lleva el caso, Víctor Fernández.

Fernández dijo a Efe que hasta ahora la investigación, que controla el Ministerio Publico, "no apunta a la responsabilidad que tiene el sector económico", que "sobre la base de la corrupción" pudo tener permiso para que se ejecutara el proyecto al que se oponía Cáceres.

Agregó que a la familia de la ambientalista no se le ha dicho, a partir de la investigación oficial, si la empresa encargada, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) y otras son en alguna medida o no, responsables del hecho criminal, que ha causado conmoción a nivel nacional e internacional.

En su opinión, la investigación, el planteamiento que hay del caso desde el Estado de Honduras, no está teniendo las implicaciones debidas y eso contribuye a generar la sensación de que la causa real sigue sin revelarse.

Hay esa sensación porque "se dejan intactas las estructuras institucionales, políticas, económicas y financieras que pudieran estar en un crimen de la magnitud del de Berta Cáceres".

"Ese es nuestro reclamo, el de la familia, de las organizaciones del movimiento social, del COPINH, del movimiento amplio que estamos siendo parte de este proceso", recalcó Fernández, quien también ha sido fiscal del Ministerio Público.

Fernández recordó que Cáceres tenía medidas cautelares de instancias nacionales e internacionales, pero no fue protegida por el Estado de Honduras.

Añadió que "más bien la colocaron en una situación de mayor vulnerabilidad y la investigación hasta ahora no nos dice si ese comportamiento de los funcionarios del Estado de Honduras de omisión pudo ser por negligencia o pudo ser por un comportamiento doloso de confabulación con los autores del crimen".

En Tegucigalpa y La Esperanza, la memoria de Berta Cáceres ha sido honrada con diversas actividades para exigir justicia y recordada con mensajes en defensa de la naturaleza y el ambiente.

En una manifestación en el centro de la capital hondureña, uno de los participantes mostraba hoy una pancarta con el rostro de la ambientalista y la frase, en letras en color rojo, "Berta Vive".