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La consejera murciana declara que no tenía competencias en la guardería derribada

Murcia, 24 feb (EFE).- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de Murcia, Adela Martínez-Cachá, ha declarado hoy como investigada por prevaricación ante el juez del caso Guardería, ante el que ha sostenido que ella no tenía competencias para el derribo de la instalación en 2007 cuando era edil en Murcia y llevaba solo un mes en el cargo.

Ha declarado durante 30 minutos ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Enrique Quiñonero, que lleva la causa por estar aforada la consejera.

Martínez-Cachá ha señalado a la prensa que tomó posesión de su cargo un 16 de junio y el primer acuerdo de Junta de Gobierno local para el derribo de la guardería en el barrio en el que el promotor José López Rejas pretendía construir 1.502 viviendas fue adoptado el 25 de julio.

Ha añadido que era su obligación asistir a las Juntas de Gobierno y que ha aclarado y contestado todas las preguntas que le han hecho.

Se ha reconocido tranquila y satisfecha por colaborar con la investigación y ha dicho tener la "máxima confianza" en la justicia.

Según fuentes cercanas al caso, ha contestado solo a preguntas del fiscal y de la acusación particular emprendida por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia-La Intersindical, las asociaciones de vecinos Nuevo Barrio y de Residentes y Propietarios del Barrio de la Paz, el Foro Social y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Infantil La Paz, que se instaló desde entonces en unos barracones cercanos.

Las diligencias elevadas al TSJRM tratan de determinar si varios miembros de la corporación del PP, entre ellos el exalcalde Miguel Ángel Cámara, incurrieron en algún ilícito penal en 2007 cuando acordaron el derribo del centro educativo para un desarrollo urbanístico que finalmente no llegó a ponerse en marcha.

La investigación llegó al TSJRM a raíz de la exposición motivada elevada por el juzgado de instrucción número 1 de Murcia que durante varios años tramitó las diligencias, archivadas en dos ocasiones y reabiertas otras tantas, como ha recordado ante los juzgados Vicente Sanmartín, abogado que representa a Cámara y al exedil de Presidencia en esa época, Francisco Porto, también imputados.

Sanmartín ha asistido a la declaración de Martínez-Cachá al estar también personado en la causa, y ha dicho que la declaración ha sido muy clara y ha hecho ver que "no hay ningún atisbo de ilegalidad, y mucho menos de cualquier rango penal".

Ha anunciado que tras la declaración de la consejera, la última diligencia pendiente en la instrucción, la próxima semana pedirá al juez el sobreseimiento y archivo de la causa.

Siempre según Sanmartín, Martínez-Cachá ha declarado que a pesar de que era la segunda Junta de Gobierno semanal a la que asistía tras tomar posesión de su cargo, el expediente para el derribo de la guardería había pasado por la Oficina de Gobierno y tenía los informes técnicos favorables, por lo que lo daba por bien tramitado.

En esta causa están también imputados la actual vicesecretaria de Política Municipal del PP murciano y concejala de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales de Murcia, Maruja Pelegrín, que también formaba parte de la corporación que aprobó el derribo de la guardería en esa Junta de Gobierno.

También lo están los entonces ediles Antonio Castillo, Pilar Megía, Fernando Berberena y José Antonio Peñaranda y el promotor.

Desde el PSOE murciano, su secretario general, Rafael González Tovar, ha vuelto a pedir hoy la dimisión de Martínez-Cachá, como establece para los altos cargos imputados por prevaricación el artículo 54 de la ley regional de Transparencia.

Por su parte, el portavoz del PP murciano, Javier Iniesta, considera que se está "en fase de investigación en un proceso administrativo", por lo exige "que no se condene a inocentes" ni se realicen "juicios políticos de forma paralela e interesada cuyo fin es acabar con un adversario político sentenciando precipitadamente".

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