Madrid, 21 feb (EFE).- El testigo que destapó el caso Guateque, la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, ha señalado hoy en el juicio que un intermediario le pidió cerca de 15.000 euros para Victoriano Ceballos, supuesto cabecilla de la trama, a cambio de acelerar la tramitación de una licencia.
Lo ha dicho en una nueva sesión de la vista oral que se celebra ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid y en la que hoy han comenzado los interrogatorios a los testigos, tras haber declarado ya todos los acusados.
El caso Guateque comprende hasta siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" que se urdieron en el entorno del Ayuntamiento para, según la Fiscalía, agilizar expedientes urbanísticos con la ayuda de funcionarios que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".
El testigo protegido ha explicado que necesitaba una licencia para uno de sus locales por lo que contrató a Antonio Sáez Escribano, empresario ligado a la tramitación de proyectos de licencia y acusado en el caso.
Fue este quien le indicó que lo más rápido era recurrir a un funcionario del Ayuntamiento que agilizaba procesos a cambio de sobornos, Victoriano Ceballos.
Ante la "indignación" que le producía el tener que pagar de más por una licencia, se reunió con Escribano llevando consigo una grabadora escondida, que posteriormente entregó a la Guardia Civil, lo que inició la investigación del caso.
En la grabación se puede escuchar cómo Escribano le explicaba que el departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento se encontraba saturado y que la única manera de acelerar el proceso era pagar a Ceballos entre 12.000 y 15.000 euros.
"Escribano me dijo que el único modo de agilizar y sacar rápido las licencias era con Ceballos, que estaba cerca de la jubilación y quería reunir dinero antes de retirarse" ha puntualizado el testigo.
Y ha indicado que el dinero era "exclusivamente para Ceballos" no para Escribano, con quien había trabajado en otras ocasiones y "nunca" le había exigido el pago de ningún cargo extra.
Hoy también ha testificado Javier Bergaz Pérez, antiguo presidente de la Clínica Ruber, quien se ha desentendido de los pagos a funcionarios a través de su empresa, ya que, según ha dicho, los habría tenido que firmar él mismo.
Igualmente, varias auxiliares administrativas del departamento de Evaluación Ambiental y la exjefa de la Unidad de Impacto Ambiental han argumentado que debido a la división del trabajo que existía, no estaban "involucradas" en ninguno de los actos que se juzgan ni "tenían conocimiento" de las actividades de Ceballos y otros funcionarios.
El juicio continuará mañana con la intervención de más testigos.
