Argentina crea una comisión para impulsar la polémica reforma del código penal

Buenos Aires, 14 feb (EFE).- El Gobierno argentino ordenó hoy la creación de una comisión de jueces y funcionarios que deberá diseñar la reforma del código penal, una medida que causó polémica en el país el pasado enero, cuando el Ejecutivo anunció su deseo de bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años.

La conformación de la entidad, que estará presidida por el juez federal de la Cámara de Casación Penal Hernán Borinsky, fue dispuesta mediante la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Tendrá a su cargo la elevación al poder Ejecutivo nacional de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación" en el plazo de un año "desde la fecha en la que quede formalmente constituida", reza el texto.

Además, Borinsky deberá trabajar junto al consejo consultivo del programa "Justicia 2020", promovido por la cartera de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de mejorar el desempeño del Poder Judicial en los próximos años.

El decreto se publica después de la fuerte polémica que se despertó en el país suramericano a comienzos de este año, cuando el Gobierno anunció que tenía bajo análisis un proyecto para modificar el régimen penal juvenil, lo que podría implicar una baja en la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años.

El anuncio fue rechazado por algunos referentes políticos, entidades legislativas y judiciales, numerosos sectores de la sociedad civil y asociaciones como Unicef.

La nueva comisión, que desarrollará su labor "ad honorem", articulará su propio reglamento interno de funcionamiento y contará con la presencia de otros magistrados federales, así como de varios funcionarios, entre los que estarán un representante de la cartera de Seguridad y otro de la de Desarrollo Social que deberán ser designados en un plazo de cinco días a partir de este martes.

Deberá tener en cuenta, por un lado, "los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional" y, por otro, "los avances en materia de integración regional del país" de forma que se favorezca la "armonización" de la ley.

Según recuerda el decreto, ya en 2004 se creó una comisión de especialistas con el fin de iniciar una reforma integral del Código Penal, promulgado en 1921 y vigente desde 1922, y tras su fracaso, en 2012 se articuló otra, que tampoco logró su cometido.