Madrid, 9 feb (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha pedido al antiguo responsable del depósito de cadáveres de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Jose Ramón Mérida Velasco que aporte los 534 contratos de donación de los cuerpos correspondientes que se encontraban a su disposición.
En una providencia, fechada el pasado 31 de enero y a la que ha tenido acceso Efe, la juez Purificación Elisa Paredes da un plazo de díez días al exdirector del departamento de Anatomía y Embriología Humana II para que aporte dichos contratos.
Y precisa que en caso de que no este en su poder, designe el archivo o lugar en el que pueden ser localizados para aportarlos a la causa, que investiga la denuncia por el hacinamiento de cuerpos donados para la investigación en el depósito de cadáveres de la UCM.
Del mismo modo, insiste al exrector José Carrillo Menéndez, que figura como investigado en la causa, a Mérida Velasco y a otros tres responsables más del departamento, también imputados, para que aporten las pólizas de responsabilidad civil profesional que tuvieran suscritas en la fecha de los hechos, al no haberlas entregado cuando les fue requerido en noviembre del pasado año.
La magistrada cita también a declarar el próximo 14 de marzo a Antonio Luis Colorado Romero, del Servicio de Medicina del Trabajo de la Universidad, en calidad de investigado, por lo que ya son seis los imputados en este procedimiento.
Al margen de la causa principal, la juez ha acordado la apertura de una pieza separada para la investigación de la existencia y financiación de los cursos no homologados atribuidos a Jose Ramón Mérida Velasco, por lo que ha pedido a la UDEF que haga las gestiones pertinentes para esclarecer este asunto.
El caso arrancó tras la denuncia de la técnico especialista Pilar Mansilla, representada por el presentada por el abogado Jose Luis Vegas, contra la Complutense por supuestamente contraer cáncer y enfermedades respiratorias tras manejar cuerpos tratados con formol.
Más tarde se personaron otros cuatro trabajadores más, todos ellos representados por el mismo letrado, por los problemas físicos causados por la exposición durante años a ese producto, considerado como factor de riesgo cancerígeno que, según la querella, se concentraba en el área donde trabajaba en niveles hasta 25 veces por encima de lo permitido.
Dichos trabajadores denuncian en la causa "las condiciones higiénico laborales" a las que fueron sometidos y por las que contrajeron numerosas enfermedades de distinta consideración.