Acusado en el caso Guateque califica de "barbaridad" el coste de una licencia

Madrid, 2 feb (EFE).- Luis Olave, un aparejador acusado en el caso Guateque, la mayor trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid, ha admitido hoy en el juicio que le pidieron 30 millones de pesetas para pagar los "costes técnicos" de una licencia, una cantidad que ha calificado como una "barbaridad".

Así lo ha expresado en una nueva sesión de la vista oral que se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid y en la que el acusado se enfrenta a un año y seis meses de prisión.

Hasta siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" se urdieron en el entorno del Ayuntamiento que, según el Ministerio Público, buscaban la agilización de expedientes urbanísticos con la ayuda de funcionarios que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".

El fiscal considera que Olave llegó a un trato con Santiago Castillo, otro de los acusados y apoderado de la empresa AC 93 Proyectos y Obras S.L., para cobrar una comisión de 30 millones de pesetas por tramitar una licencia irregular de obras en la clínica Ruber.

Olave, quien se declara inocente de todos los cargos, ha respondido que ese dinero no constituía un "soborno", sino que se trataba de la cantidad que el empresario le dijo que debían aportar desde la clínica para subsanar los "costes técnicos" de las reformas que querían realizar, la que consideraba una "barbaridad".

"No aboné ni prometí ninguna cantidad de dinero a nadie, ni recibí ni me ofrecieron ningún soborno", ha continuado, "la clínica pagaba directamente a Santiago".

El siguiente acusado en declarar ha sido Mario Mínguez, funcionario de Disciplina Urbanística del Distrito Centro, que se enfrenta a una petición de diez meses de prisión.

La Fiscalía considera que desde su posición de funcionario contactó con Carmelo García, también presente en la causa y vinculado a la empresa AC 93 Proyectos y Obras S.L., para tramitar un expediente irregular de obras y evitar que la policía inspeccionase el local.

Mínguez ha defendido su inocencia, al tiempo que ha explicado que no tiene "ninguna autoridad sobre la policía" y que el local por el que se le juzga no entraba dentro de sus competencias, puesto que él se ocupaba únicamente "de los números pares y ese es impar".

Por último, han declarado Miguel Frutos y Ana María Martínez, vinculados a la empresa Maniludes Sarnes S.L., y que se enfrentan a cuatro años de prisión cada uno.

Según el representante del Ministerio Fiscal, el matrimonio formado por Frutos y Martínez intentó favorecer la aprobación de una licencia para realizar obras en su negocio mediante el pago de dos cantidades de 1.500 euros a un funcionario.

Miguel Frutos, ha comenzado su declaración desvinculando a su mujer del negocio familiar, donde figura que ella es titular, al explicar que lo era "sobre el papel" porque él no podía por un problema de compatibilidad, ya que es agente de la Policía Nacional.

Ha defendido la inocencia de ambos y negado que pagaran a funcionarios, al tiempo que ha sentenciado que al ser un agente de policía, no habría permitido que se le exigiera "el pago de sobornos", ya que "habría ido a denunciarlo" él mismo.

El juicio continuará mañana con la declaración de más acusados.