Valencia, 21 ene (EFE).- El conocido como caso Imelsa, que tuvo su origen en una operación policial denominada "Taula", cumple un año el próximo jueves habiendo dejado a su paso un reguero de sospechas e imputados en las filas del PP que prácticamente han invisibilizado a esta formación en el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia.
Con el paso de los meses se ha ido desenvolviendo una madeja que ha alumbrado una historia de billetes escondidos tras cuadros, amenazas, grabaciones escandalosas, traiciones y lealtades fracturadas que han acabado con un PP local dirigido por una gestora y la caída del imperio de intereses que Rus tejió en la provincia de Valencia.
La causa judicial, que nació con la sonada detención de Alfonso Rus y varios de sus lugartenientes en la Diputación (Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis), junto con otros ex altos cargos del Consell, derivó posteriormente en la imputación de prácticamente todo el equipo que sustentó a Rita Barberá en la alcaldía durante más de dos décadas.
La causa acabó también por salpicar a la exalcaldesa, que falleció en Madrid dos días después de declarar ante el Supremo como investigada por un supuesto delito de blanqueo que fue detectado en la misma investigación y que ella había negado en varias ocasiones.
Otro de los dirigentes históricos del PP valenciano, el expresident Francisco Camps, cuyo nombre aparece mencionado por varios de los investigados en el sumario, convocó una rueda de prensa para desvincularse de la supuesta trama corrupta y, de paso, anunciar un posible regreso a la política.
El caso tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía Anticorrupción unas grabaciones efectuadas durante años por el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar, pero no fue hasta el 26 de enero del año pasado cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente.
Desde el inicio de la instrucción de la causa se ha detectado el supuesto cobro de comisiones ilegales, amaños en contratos desde varias administraciones públicas, blanqueo de capitales e incluso delito electoral, que se ha ordenado en una causa principal y seis piezas separadas, con una subpieza.
En la primera de ellas, la A, se investigan los supuestos delitos de blanqueo de capitales y delito electoral y constan como investigados medio centenar de investigados, entre ellos todos los ediles del PP -salvo uno independiente- de Valencia, además de exconcejales, asesores y personal del grupo.
Es la conocida como pieza del "pitufeo" en la que se investiga si los investigados ingresaron mil euros en la cuenta del partido a cambio de que se les devolviese esa misma cantidad en dos billetes de 500 euros, supuestamente para blanquear dinero negro, tal y como afirman al menos cuatro testigos que no participaron en esta operación.
En el marco de esta misma investigación se ha abierto una subpieza en la que se investigan determinados contratos del Ayuntamiento que, en opinión de los investigadores, podrían ser enmarcados en un delito electoral supuestamente cometido en la campaña de 2007.
