Madrid, 16 oct (EFE).- Asociaciones de familiares y representantes políticos han aplaudido hoy la admisión a trámite de las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, decisión que ha dividido a las asociaciones de magistrados.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado en un auto la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima se encuentran restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca, decisión que la Fiscalía ha anunciado que recurrirá.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado la disposición del Gobierno a colaborar con el juez en todo lo que solicite dentro de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El conseller de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, ha asegurado que el auto "supone un alto histórico en contra de la impunidad" y ha apuntado que entiende que la calificación de los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad permite "equiparar por primera vez la dictadura franquista a otros regímenes totalitarios".
Por su parte, el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso, Joan Herrera, ha calificado de "obstruccionista" y "lamentable" la actitud de la Fiscalía, que "en vez de buscar la verdad se dedica a poner obstáculos a la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo".
En la misma línea se ha manifestado el PCE, que ha calificado de "inmoral" la intención de la Fiscalía de recurrir el auto, "con argumentos peregrinos de ley de punto final".
El Portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha afirmado que no entienden cuál es la finalidad penal de la decisión de Garzón y "a dónde nos puede conducir".
Mientras que para Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, sí hay base legal para acometer la investigación, aunque no entienden la "necesidad" de incoarla ahora ya que la finalidad de un proceso penal no es sólo averiguar los hechos, sino llevar a los culpables ante la Justicia y, en este caso, están fallecidos.
Nieves Galindo, la nieta del maestro de escuela Dióscoro Galindo, supuestamente enterrado junto a Federico García Lorca y otros dos asesinados, ha mostrado su "enorme emoción" y ha asegurado que "por fin se verá recompensada una lucha que viene de diez años atrás".
Desde las asociaciones de familiares, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha señalado que "es un triunfo a la memoria de las víctimas y de los familiares" y que hoy es "un día de justicia".
Algo con lo que ha coincidido el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, quien ha asegurado que la decisión de Garzón representa "un gran empujón para hacer justicia a los padecimientos de las familias que vivieron cuarenta años gobernados por sus asesinos".
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha considerado que "siempre es importante que se adopten estas medidas para que se vaya conociendo la verdad de la represión" y ha señalado que el auto será como "un consuelo tardío" y "ayudará a la tranquilidad espiritual" de los familiares.
El presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica, José María Pedreño, ha considerado "un gran avance" que el auto "restaure la legitimidad del Gobierno democrático de la II República", al reconocer que "hubo un golpe de Estado contra las altas instituciones del Estado y un plan preconcebido de exterminio de todos los demócratas españoles".
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