
Madrid, 11 ene (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido ha pedido hoy no precipitarse ni prejuzgar casos como el de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que murió de un infarto el pasado 23 de noviembre, dos días después de que la tomara declaración como instructor de una causa de corrupción contra ella.
Conde-Pumpido interrogó a Barberá en el marco del caso Imelsa, al ser aforada en su condición de senadora, asunto que se sigue en Valencia para investigar el llamado "pitufeo" supuestamente ocurrido en el PP valenciano, supuestos movimientos de pequeñas cantidades de dinero para ocultar financiación ilegal.
"Lamento de manera extrema el fallecimiento de Rita Barberá que se produjo a los pocos días de declarar ante el Tribunal Supremo; la oímos para que diera su versión de los hechos y se defendiera y se la escuchó con respeto pues todo el que comparece ante un tribunal es inocente de acuerdo con las garantías constitucionales", ha relatado en un coloquio organizado por la revista Vanity Fair.
Conde-Pumpido estima que no hay que vincular directamente el fallecimiento de Rita Baberá al proceso ni al tratamiento del mismo por parte de los medios de comunicación, aunque las dificultades personales le pudieran afectar.
De hecho ha recordado que "dijo que salió muy satisfecha de su comparecencia" y que tras la misma él pidió a las partes que solicitaran la diligencias que estimaran oportunas antes de tomar una decisión sobre la situación procesal de la exalcaldesa.
Conde-Pumpido ha aclarado que una mera comparecencia judicial como la que realizó Rita Barberá "no debe tener las grandes consecuencias que algunos quieren atribuirle" ya que los indicios contra un investigado los plasma el juez cuando decide abrir juicio oral, lo que aún no se había producido en este caso, por lo que ha estimado que "no hay que precipitarse".
Por otra parte, preguntado por el caso Nóos ha mostrado su seguridad en que el tribunal "tomará la decisión más conveniente y oportuna" y ha recordado que a juicio de la Fiscalía concluyó que no había base legal para actuar contra la infanta Cristina.
Para Conde-Pumpido uno de los graves problemas radica en la "privatización de la justicia penal" determinada por la posibilidad que tienen asociaciones como Manos Limpias en este caso de llevar al banquillo a alguien, en este asunto concreto la infanta, aunque la Fiscalía no acuse.
El magistrado cree que sería conveniente reducir el número de aforados ante los tribunales por sus cargos aunque estima que los miembros del Gobierno y de las Cortes deben seguir siéndolo para que en su caso actúe en las causas que les afecte el Tribunal Supremo y ha estimado que los partidos políticos no deberían poder ejercer la acusación en casos en los que no figuren como afectados.
Por otra parte Conde-Pumpido, que fue fiscal general entre 2004 y 2001, se ha mostrado partidario de atribuir a los fiscales la competencia de la instrucción de las causas penales, actualmente en manos de los jueces, para seguir la línea del resto de países, lo que a su juicio aceleraría los procesos y descargaría a los juzgados y tribunales.
Ha reconocido que ello debe ir acompañado de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que fortalezca la autonomía y la independencia de los fiscales que intervengan en cada caso.
En este sentido ha propuesto que el fiscal general sea nombrado para una legislatura y que no pueda ser cesado pero que tampoco pueda ser designado para otros cuatro años.
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