San Fernando de Henares (Madrid), 7 dic (EFE).- Las acusaciones populares en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid han reiterado hoy que las visas eran ilegales, ya que no se amparaban en la legislación de las cajas de ahorros, no había constancia en la comisión de retribuciones ni estaban aprobadas por los órganos de gobierno.
El abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, ha acusado a los letrados de la defensa de haber querido "desnaturalizar" el concepto de gastos de representación, intentando sin éxito distinguir dos tipos, los "normales" y "los de libre disposición".
"La realidad es muy tozuda", ha dicho Herzog, que ha recordado que "no había directivos con dos tipos de tarjetas".
En su opinión, es evidente que lo desembolsado en almuerzos, viajes y comercios de todo tipo no constituyen gastos de representación.
En este sentido, ha citado al Tribunal Supremo, que en su momento aclaró que "el más elemental sentido común impone al usuario de una tarjeta de empresa" que su uso se limite a cuestiones relacionadas con la actividad de la sociedad, "sin que haya necesidad de que nadie le advierta del uso que debe dar a la visa".
Tras la "compleja" y deliberadamente dilatada -por parte de las defensas- instrucción de la causa, Herzog ha desestimado que las tarjetas de la etapa de Rodrigo Rato fueran responsabilidad de su predecesor, del mismo modo que las de los años durante los cuales Miguel Blesa ejerció la presidencia no pueden achacarse a su antecesor, Jaime Terceiro.
También ha rechazado la pretensión de algunos de los acusados que han querido defender de forma simultánea que se trataba de una remuneración y al tiempo de gastos de representación, así como los argumentos expuestos para justificar que no se hayan declarado los importes desembolsados a Hacienda.
Los directivos de la caja fueron son los principales responsables de la puesta en marcha de este sistema ilícito, ha indicado Herzog, que no ha querido restar importancia a la actuación de los representantes sindicales en Caja Madrid, aunque estos hayan alegado que destinaban el dinero a actividades de su sindicato.
Sin embargo, si ha hecho suyo el argumento expuesto hoy por el letrado del FROB en el sentido de que los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como el ex director general Ildefonso Sáchez Barcoj tienen más responsabilidad que el resto, no sólo por las cantidades dispuestas por ellos mismos sino por las que permitieron y alentaron que dispusieran los demás.
La CIC solicita penas de cárcel de diez años para Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, y de seis años para los otros procesados.
En representación de la Confederación General del Trabajo (CGT), Raúl Maillo ha destacado la voluntad de los acusados de ocultar, tanto dentro como fuera de la caja, la operativa de las visas, el "uso ilegitimo" que hacían de ellas, gastando en viajes, comidas y artículos que nada tenían que ver con la actividad de la entidad.