Buenos Aires, 31 oct (EFE).- La defensa de la diputada del Parlasur encarcelada Milagro Sala manifestó hoy a Efe que esperan que, dada la "contundencia" de la notificación enviada por un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra su detención, el Estado argentino "cumpla" y la libere.
"Tenemos expectativas, creemos que la República Argentina y el Gobierno Nacional tienen una oportunidad para poder acomodar la democracia que está siendo socavada por un Gobierno provincial a través de puro revanchismo", expresó el abogado Luis Paz, uno de los representantes legales de Sala.
"Muy claramente dice que a Milagro Sala se le han violado los derechos como ciudadana", agregó.
La defensa de la activista, encarcelada desde enero en la norteña provincia de Jujuy, se pronunció así después de que el pasado viernes el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU -que funciona dentro del Consejo de Derechos Humanos- enviara una notificación no vinculante al Gobierno argentino en la que consideraba "arbitraria" la detención de la diputada del Mercosur.
"Frente a la contundencia de esta resolución, el Estado jujeño tendría que cumplir", recalcó Paz, quien denuncia que en la provincia gobernada por el oficialista Gerardo Morales hay "persecución política".
La diputada del Parlamento del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria fue inicialmente encarcelada por un delito de incitación al tumulto durante una protesta contra Morales pero después se la mantuvo detenida por causas que investigan presuntos delitos de fraude a la Administración, extorsión y asociación ilícita.
Frente a la opinión del grupo de trabajo de la ONU, el Gobierno jujeño alega que, "al momento de emitir la opinión, no tenía actualizadas las causas judiciales en la provincia de Jujuy contra Milagro Sala y otros", en palabras del fiscal de Estado Mariano Miranda, quien representa a la Gobernación encabezada por Morales como parte querellante en esta causa.
La supuesta detención "arbitraria" parte "de la base de que se encontraría detenida por el ejercicio del derecho a la protesta", explicó a Efe Miranda y por ello van a solicitar que se "revea" una vez adjunten toda la documentación actualizada del total de las causas.
Miranda prevé que este trámite se complete en un plazo de unos 60 días y que haya un nuevo pronunciamiento antes de la próxima reunión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, que estima que será en marzo de 2017.
La defensa, sin embargo, considera "falaz" esta alegación y estima que "la información que provea el Estado nacional seguramente va a ratificar la resolución de la ONU", indicó Paz.
En cuanto al avance de las causas, el fiscal Miranda indicó que la que investiga delitos de corrupción está próxima a clausurar el periodo de investigación para quedar elevada a juicio oral mientras que el resto (por delitos como extorsión), se encuentran en fase inicial de instrucción.
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