Madrid, 24 oct (EFE).- El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha aprobado hoy el borrador del anteproyecto de una nueva ley de suelo con la que pretende "agilizar" los trámites en la elaboración de planes urbanísticos y "garantizar" el derecho a la participación de los ciudadanos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la legislación vigente data de 2001 y, en este tiempo, ha sufrido más de 15 modificaciones.
"No hemos queremos hacer un refrito, sino una ley nueva para dar respuesta a las necesidades de urbanismo del siglo XXI", ha señalado.
Con su propuesta, Cifuentes aspira a "poder garantizar el desarrollo sostenible de nuestra región" y "poner fin a la dispersión normativa que hay en estos momentos, que produce contradicciones legales y lagunas legislativas".
"Esta ley se configura como un código único, una ley única que dota de coherencia a la normativa urbanística, incorporando y estructurando toda la legislación que en estos momentos está dispersa", ha apuntado.
Cifuentes ha comentado que en los municipios pequeños las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo "muchas veces se complican como consecuencia de la excesiva burocracia y la aplicación de la ley actual, que impone las mismas condiciones" para todos, independientemente del tamaño.
Por ello, entre las novedades de la nueva ley ha destacado la inclusión de un plan general de ordenación urbana simplificado para municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta 6 millones de euros de presupuesto, "más flexible y ágil" que el plan ordinario, que puede demorarse hasta 17 años en su tramitación.
Con él, este tipo de municipios podrán hacer actuaciones en sus casos urbanos, excluyendo la ejecución de nuevos desarrollos urbanísticos.
Por su parte, las medianas y grandes ciudades tendrán a su disposición los programas municipales de actuación sobre el medio urbano, un nuevo instrumento con el que podrán emprender rehabilitaciones, regeneraciones o renovaciones urbanas sin necesidad de modificar el planteamiento general, como hasta ahora.
El borrador de la nueva ley (que incluye 273 artículos distribuidos en 10 títulos) mantiene las clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable pero con modificaciones.
Por ejemplo, el suelo que hasta ahora se consideraba suelo urbanizable no sectorizado (donde se podía construir pero sin fecha prevista) pasa a ser suelo no urbanizable común, donde no se podrá construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación en el planteamiento general a iniciativa de los propios ayuntamientos.
La presidenta regional ha comentado que el objetivo es conseguir un urbanismo "más sostenible" que "evite desarrollos urbanísticos innecesarios".
La propuesta legislativa del Gobierno obliga a los municipios a informar del estado de su desarrollo, así como la situación del plan general de ordenación urbana o la necesidad de su revisión.
Cifuentes ha resaltado que también "garantiza el derecho a la participación" de los ciudadanos, que podrán hacer sugerencias sobre proyectos urbanísticos, aunque no serán vinculantes.
Sobre los grandes proyectos urbanísticos, como el del desarrollo norte de la ciudad de Madrid, Cifuentes ha asegurado que la nueva ley pretende "facilitar" y dar "más garantías".
Asimismo, ha indicado que esta ley permitirá construir más de tres alturas, algo que ya es posible después de que la Asamblea de Madrid aprobara con los votos de PP y Ciudadanos la derogación del articulo de la actual legislación que fijaba este límite.
El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, ha aclarado que el Gobierno regional analizará cada caso concreto.
"En Madarcos nunca vamos a dejar un crecimiento expansivo o en altura, pero Madrid y Móstoles tienen una identidad completamente diferente", ha apuntado.
La presidenta regional ha afirmado que el texto ha sido elaborado tras un "amplio proceso participativo" que ha incluido a partidos políticos, asociaciones y profesionales de esta materia.
Confía en aprobar el borrador definitivo en un mes o mes y medio para remitirlo a la Asamblea de Madrid y poder debatirlo en el próximo periodo de sesiones.
