La Paz, 20 oct (EFE).- La misión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que visita Bolivia esta semana se trasladó hoy a la zona central del Chapare, una de las principales productoras de hojas de coca del país, para conocer el trabajo que desarrolla la fuerza antinarcóticos en el lugar.
La delegación, encabezada por el representante del Comité Permanente de Prevención de la JIFE, el austríaco Bernard Leroy, sobrevoló la zona en helicóptero y también asistió a la escenificación de un operativo antidrogas, según constató Efe.
Además, presenciaron las labores de la fuerza militar y policial encargada de la destrucción de las plantaciones ilegales de hojas de coca en un sector en el límite entre Cochabamba, la región donde está el Chapare, y el departamento vecino de Santa Cruz (este).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que acompañó a la misión de la JIFE, dijo a la radio estatal que también visitaron una industria de plátanos que se exportan a Argentina y conocieron las labores de la escuela de canes adiestrados para la lucha antidrogas.
"Han tenido la posibilidad de conversar con mucha gente. Seguramente se van a ir con los elementos necesarios que les permitan hacer un informe objetivo", sostuvo la autoridad.
La delegación de la JIFE cumple desde el lunes en Bolivia una intensa agenda para recabar información sobre el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico y las drogas.
La hoja de coca está protegida en Bolivia por la Constitución vigente desde 2009, que la considera "sagrada" por la importancia cultural, ritual y medicinal que tiene para campesinos, indígenas, mineros y otros sectores sociales.
Aunque la planta tiene usos reconocidos legalmente, los cultivos también son desviados por el narcotráfico al contener alcaloides que permiten la producción de la cocaína.
Los cultivos ilegales de hojas de coca de Bolivia se redujeron de forma neta apenas en un 1 % en 2015 y se situaron en 20.200 hectáreas, pese al esfuerzo realizado en la destrucción de los cocales, según un informe de Naciones Unidas de julio pasado.
El Gobierno de Evo Morales, que es líder de los cocaleros del Chapare, se plantea reformar la ley antidroga y permitir que los cultivos legales de la planta suban de 12.000 a 20.000 hectáreas.
El Ejecutivo argumenta que es necesario ese nuevo volumen lícito de plantaciones para cubrir el consumo de la hoja entre los indígenas y campesinos y los proyectos de la industrialización legal de la planta.
