
España cuenta con la mitad de jueces y fiscales que la media de los Estados europeos por cada 100.000 habitantes, según los datos del informe 2016, publicado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ).
Así, señala el estudio, que analiza los sistemas de 45 países europeos en el año 2014 -ultimo ejercicio con cifras armonizadas-, que en España había 12 jueces por 100.000 habitantes en España frente a una media europea es de 21. Por su parte, los fiscales se situaban en por cada 100.000 habitantes eran cinco frente a los once de la media.
Por el contrario, el número de abogados en España se sitúa en 291 por cada 100.000 habitantes frente a una media europea de 149.
Inversión 'per capita'
España destina 88 euros anuales por habitante a su sistema judicial, lo que le sitúa en el mismo nivel que Francia (64), Finlandia (71), Italia (73 ), Noruega (78 ), Reino Unido -Escocia (78 ), Bélgica (85), Eslovenia (90), Reino Unido -Inglaterra y Gales (91) y Austria (96).
El grupo de países que más euros por ciudadano dedica a su sistema judicial lo componen Suecia (103), Países Bajos (122), Luxemburgo (139 ), Reino Unido-Irlanda del Norte (144 ?) y Suiza (219).
Otro grupo de diecisiete Estados cuenta con un presupuesto per cápita de entre 25 y 60 euros: Bosnia y Herzegovina (30), Federación de Rusia (32), Bulgaria (33), Lituania (33), Rumania (35) , Malta (36), Letonia (37), Estonia (40), Eslovaquia (41), Hungría (41), Montenegro (42), Grecia (44 ?), República Checa (45), Irlanda (48), Polonia (49), Croacia (51) y Portugal (52).
Y cierran el listado, la República de Moldova (8), Albania (9), Ucrania (9), Georgia (10), Azerbaiyán (16), "la ex República Yugoslava de Macedonia" (18) y Turquía (21).
Hay tres Estados que destinan menos del 10 por ciento del presupuesto público anual del sistema judicial a los servicios del Ministerio Fiscal, estos son: Noruega, Eslovenia y España.
Así, un total de 20 Estados asignan menos de 10 euros? per capita a los servicios de la Fiscalía: Rusia, Andorra, Portugal y Eslovenia (9 euros), Finlandia, Irlanda, República Checa y Estonia (8), Serbia, Bosnia y Herzegovina y España (6), Azerbaiyán (5), Malta, Albania, Noruega, Ucrania y Georgia (4), "la ex República Yugoslava de Macedonia" (3), República de Moldova y Armenia (2).
Los recortes presupuestarios
Matiza, no obstante, el informe, que por ejemplo, Bélgica y España, a pesar de que sus presupuestos per cápita están muy cerca (85 y 88, respectivamente), no se puede comparar en términos de su riqueza, porque el PIB per cápita de Bélgica es aproximadamente 1,5 veces mayor que el español. Y estima que España puede ser comparado con Irlanda del Norte, Malta, Eslovenia y Portugal. Dentro de este grupo de Estados, comparables en términos de su riqueza, las discrepancias presupuestarias son particularmente notables. Por ejemplo, el presupuesto asignado al sistema judicial per cápita en Irlanda del Norte es 1,6 veces mayor que en España y en Eslovenia, casi 3 veces mayor que en Portugal y 4 veces más alta que en Malta.
El informe sitúa a España a la cabeza de los recortes presupuestarios junto a Irlanda y Portugal y especifica que, en los tres estados, las medidas de restricción presupuestaria continúan afectando de forma adversa los recursos dedicados al sistema judicial. El presupuesto per capita en España se redujo de 91 euros en 2012 a 88 euros en 2014, mientras que la media europea también se redujo y pasó de 65 euros en 2012 a 60 en 2014.
Así, redujeron su presupuesto: Luxemburgo (-1,84 por ciento), España (-2,8), Italia (-3,4), Irlanda (- 3,58) , Inglaterra y Gales (- 4), Holanda (- 6,08), Escocia (- 6,44), Hungría (- 10,75), Bélgica (- 11,78), Portugal (- 14,83) y Noruega (-23,51). Mientras que estos países afectados por la crisis económica han recortados sus gastos, otros también afectados, como Letonia, Lituania, Rumania y Eslovenia han sido capaces de aumentarlo su gasto.
Los ingresos por las tasas judiciales, que tanta polémica han generado en España tras su generalización y aumento- representa más del 20 por ciento del presupuesto asignado al sistema judicial en más de una cuarta parte de los Estados.
Tendencias generales
Indica el informe que en la mayoría de los países la tendencia que impera es hacia la reducción en el número de juzgados y tribunales, un aumento de su tamaño y una especialización muy profunda.
Con respecto a las tecnologías de la información se busca la mejora de la eficiencia y la calidad de los sistemas judiciales, pero los Estados más desarrollados en este capítulo no son necesariamente los más eficientes, ya que aunque son esenciales no son la única clave para mejorar el rendimiento de los sistemas judiciales. La recesión económica no solo ha tenido un fuerte impacto en los recursos de los tribunales, sino también sobre la disponibilidad de asistencia jurídica para sus usuarios.
Se están aplicando cada vez más procedimientos online para la transformación de determinadas categorías de reclamaciones. Y en la mayoría de los Estados hay jueces no profesionales, que actúan como tales y los hay sin una preparación jurídica, como ocurre en España, Inglaterra y Gales y Escocia con los jueces de paz.