Valencia, 9 sep (EFE).- El titular de Instrucción 18 de Valencia, que investiga contrataciones ficticias en la Diputación de Valencia en una pieza separada del caso Imelsa, mantendrá la imputación del exalcalde de la localidad valenciana de Cofrentes (PP) Raúl Mateo Ángel como uno de los supuestos beneficiarios.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, el juez instructor ha rechazado la petición de sobreseimiento planteada por el exalcalde de Cofrentes, investigado (imputado) en la causa por percibir, supuestamente, un sueldo de asesor sin trabajar como tal.
En un auto notificado hoy a las partes, el magistrado señala que existen "sospechas razonables" de que Raúl Mateo Ángel Balufo fue contratado como asesor del exjefe de gabinete de la Diputación, Emilio Llopis, y percibió un salario de Imelsa "sin realizar ningún trabajo ni cometido específico que justificara dicha retribución".
Esta pieza separada por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental se dirige contra una veintena de personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis.
Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.
Hasta el momento, el caso Imelsa se estructura en una pieza principal, aún secreta, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y cinco piezas separadas, una de ellas también secreta.
En el caso Imelsa, que salió a la luz en abril de 2015, hay más de un centenar de investigados, entre personas físicas y jurídicas, por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad, blanqueo de capitales y delito electoral.
Todo ello vinculado a una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
