
Guatemala, 6 ago (EFE).- Con la fuerza del que le han quitado ya todo lo que le podían quitar, Helen Mack, la premio Nobel alternativo de la Paz en 1992, se atreve a apuntar a donde pocos lo hacen: pese a la firma de la paz, Guatemala sigue "secuestrada y cooptada" por un Estado paralelo.
Una alianza "político-económica-militar" que mantiene subyugada a la sociedad: "No quieren perder su status quo. Quieren mantener sus privilegios y este sistema de corrupción del que viven todo el tiempo a costa de la muerte de muchos ciudadanos por falta de salud, por desnutrición, por la falta de educación y de oportunidades de desarrollo que obliga a muchos connacionales a migrar".
Así de cruda suena Helen Mack, una de las figuras más respetadas de la política guatemalteca, una mujer capaz de alzar la voz en pleno conflicto armado interno para defender el legado de su hermana Myrna, asesinada en 1990 de varias puñaladas en la capital del país.
En la década de 1980, la peor época del conflicto armado en Guatemala (1960-1996), Mack Chan denunció el sufrimiento de las poblaciones indígenas que fueron desplazadas por la guerra, principalmente en el Triángulo Ixil, en el noroeste del país.
Aunque pasaron ya 20 años de la firma de la paz, la realidad poco ha mudado en Guatemala: "Los mismos personajes que eran violadores de derechos humanos están siendo hoy juzgados por casos de corrupción", alerta Helen Mack.
En los últimos meses, más de una decena de militares retirados fueron juzgados por crímenes de guerra durante el conflicto armado interno, lo que alimenta la polarización social.
El debate en las calles ha vuelto con casos como el juicio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt, quien fue sentenciado a 80 años de prisión por el genocidio contra 1.771 indígenas Ixil durante su mandato (1982-1983), una condena que fue retrotraída meses más tarde por la Corte de lo Constitucional.
Así como el de Sepur Zarco, por el que fueron condenados dos militares por someter a esclavitud sexual a 15 mujeres de la etnia maya q'eqchi'.
Hay una conexión entre estos casos de genocidio y los actuales de corrupción, denuncia la activista: "La impunidad del pasado es la impunidad del presente".
"Hace falta toda una depuración del Estado", asegura. "Las estructuras de poder no se han desmantelado (...). Los aparatos clandestinos aún siguen sin desarticularse".
Comisionados militares, especialistas del Ejército... "mandos medios" que "no han sido depurados" y que mantienen cooptado al Estado con la connivencia de las élites económicas y políticas.
"Muchos de los partidarios del Partido Patriota", cuyo líder, el expresidente Otto Pérez Molina se encuentra en prisión preventiva por varios casos de corrupción, "continúan en el poder".
Es más, prosigue Mack, "el partido que lleva a (Jimmy) Morales a la Presidencia" (Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación) está conformado por veteranos militares que "lideraron las masivas violaciones a los derechos humanos" en los 70 y 80.
Todos ellos conforman el "statuos quo", una triple alianza que transforma la guerra física en una "guerra económica y de corrupción" en la que los mismos que cometieron las violaciones de derechos humanos continúan ejerciendo el poder con mano de hierro para no perder sus privilegios.
El apoyo a los grandes proyectos mineros e hidroeléctricos, cuyos beneficios obvian a las comunidades indígenas a menudo opuestos a ellos, y la persecución a los defensores humanos que se levantan contra los abusos no es más que una fórmula actualizada para seguir esquilmando el país.
El Estado paralelo "tiene al país secuestrado y cooptado", sentencia la premio Nobel alternativo de la Paz.
Disidente de la rendición, Mack vislumbra esperanza en las nuevas generaciones que se acercan para conocer lo ocurrido durante el conflicto, pese a los intentos del poder por ocultarlo, borrándolo incluso del currículo educativo.
Son la última oportunidad para un país que no tiene "memoria": "Hay una parte de la sociedad guatemalteca que no conoce su propio pasado".
De hecho, pese a ser uno de los países con más desaparecidos de América Latina, Guatemala carece todavía de una ley de memoria histórica: "Sepur Zarco sólo es un caso. Hay miles de Sepures Zarco en todo el país".
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