Buenos Aires, 5 ago (EFE).- Un juez argentino rechazó hoy reabrir la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó en 2015, días antes de ser hallado muerto, contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusaba de encubrir a los sospechosos iraníes del ataque a una mutua judía que causó 85 muertos en 1994.
El pasado día 2, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió desarchivar la acusación planteada por Nisman y que la entidad fuera aceptada como querellante, al considerar que la sociedad tiene derecho a que se investigue una denuncia que, consideraron, fue desechada de forma prematura.
Según fuentes judiciales, en su resolución el magistrado Daniel Rafecas, que ya en 2015 decidió archivar la acusación por "inexistencia de delito", extremo confirmado por dos tribunales de apelación, sostuvo que las cuestiones que la DAIA presenta "revelan una ausencia de reales elementos de prueba" que permitan reabrir la causa.
Nisman, encargado de la investigación del atentado contra la mutua AMIA que sigue impune, creía que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento de los hechos era en realidad para lo contrario.
El fiscal, quien apareció con un disparo en la cabeza cuatro días después de presentar la acusación contra Fernández y otros altos cargos, pensaba que con este pacto se pretendía encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos de Argentina por petróleo de Irán.
El polémico acuerdo fue ratificado por el Parlamento argentino con los votos de la entonces mayoría kirchnerista, aunque el documento nunca fue ratificado en Irán tras su firma y no llegó a entrar en vigor.
Además, posteriormente en Argentina fue declarado inconstitucional.
La DAIA señaló en su petición de reapertura a Rafecas que considerase firme esta declaración de inconstitucionalidad, pero el juez sostiene que "tanto en la resolución de desestimación de primera instancia como -especialmente- en la decisión del Superior" quedó "bien en claro" que esa cuestión ya se había "tenido muy en cuenta".
Además, la agrupación judía se refirió a la grabación de una conversación difundida en un programa de radio entre el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, también acusado por Nisman, y un dirigente de la comunidad judía, en la que el canciller supuestamente admitía la autoría de Irán.
En su resolución de hoy, Rafecas considera que en esa conversación privada lo "único relevante a los efectos de esta causa" es que el primero atribuye a Irán la responsabilidad de haber colocado el explosivo en la sede de la AMIA.
Esto es, continúa, una afirmación, "en términos coloquiales", de la postura que Argentina "ha venido sosteniendo oficial y públicamente" desde 2006.
"Francamente entonces, no se advierte en que esta conversación puede poner en jaque el sólido edificio fáctico y jurídico, que se evidencia en esta causa, consolidado en las tres instancias penales", subraya.
Fuentes conocedoras del caso explicaron a Efe el 2 de agosto que el escrito presentado por la DAIA no aportaba pruebas nuevas y resaltaron que la grabación está siendo estudiada en otra causa dirigida por el juez Claudio Bonadío, abierta en diciembre pasado por presunta traición a la patria contra los altos cargos del anterior Gobierno que aprobaron el memorándum con Irán.
Los denunciantes consideraban que con la firma de ese pacto el Ejecutivo traicionó no solo a la comunidad judía en Argentina, sino también a su propio país.
El atentado contra la AMIA en Buenos Aires, el mayor sufrido en el país, fue el segundo ataque contra intereses judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, que también sigue sin esclarecer.
También continúa sin determinarse si la muerte de Nisman fue debida a un suicidio -inducido o no- o a un homicidio.
