Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Un juez argentino tomó hoy declaración testimonial a dos monjas que viven en el convento de la provincia de Buenos Aires donde el exsecretario de Obras Públicas José López fue detenido el pasado 14 de junio cuando intentaba esconder bolsas con 8,9 millones de dólares.
Las religiosas María y Marcela se presentaron esta mañana en los tribunales federales de Buenos Aires para declarar ante el magistrado Daniel Rafecas, quien ordenó que fueran escoltadas y que se blindara el piso en el que se produjo el encuentro.
López, que trabajó como secretario de Obras Públicas durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), fue detenido en la madrugada del 14 de junio cuando trataba de dejar el dinero y otros objetos de valor en el monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, de la localidad bonaerense de General Rodríguez, mientras portaba un fusil calibre 22.
Según revelaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam, una de las monjas dijo hoy al juez que Alba, la madre superiora del convento, le había pedido que estuviera "atenta al portón" porque iba a ir "José".
El exfuncionario fue procesado por "enriquecimiento ilícito" -cargo por el que se lo investigaba desde hacía ocho años- y permanece detenido en la cárcel de la localidad bonaerense de Ezeiza.
Aunque en su primer encuentro con Rafecas se negó a declarar, su abogado Fernando García señaló este jueves que en su próxima cita, el 5 de agosto, "algo va a decir".
Por estos hechos, el magistrado también citó el pasado 14 de julio a declaración, en este caso como investigados, a la monja Inés Aparicio -después de que se difundiera un video que muestra cómo supuestamente ayudó a López a guardar las bolsas- así como a la esposa del exsecretario y a dos empresarios que el fiscal Federico Delgado considera posibles "testaferros" del ahora detenido.
En medio de la polémica, se cuestiona cuál es el perfil exacto de las monjas que habitan el monasterio y si desde el punto de vista estricto son o no monjas.
Ya en junio, el arzobispado remarcó en un comunicado "que las llamadas 'religiosas' constituyen una asociación privada de fieles, cuyo gobierno es autónomo".
Asimismo, el arzobispado al que pertenece el monasterio anunció esta semana que impulsará una investigación "completa" sobre lo ocurrido de acuerdo con las normas del derecho de la Iglesia.
El padre Tom O'Donnell, que fue designado para encabezar las pesquisas, explicó que tratará de determinar si las monjas del convento cumplieron con sus estatutos internos.
