Helsinki, 24 sep (EFE).- La segunda matanza escolar ocurrida en menos de un año ha abierto los ojos a la sociedad finlandesa ante una cruda realidad: la violencia es un problema demasiado común en uno de los países bandera del sistema de bienestar.
A raíz de la masacre que protagonizó este martes Matti Saari, un estudiante de hostelería de 22 años que asesinó a diez personas antes de suicidarse, el Gobierno finlandés se está planteando el endurecimiento de la ley de armas de fuego.
El primer ministro, Matti Vanhanen, declaró hoy día de luto nacional y anunció que su Gobierno estudiará reformar la legislación para restringir el acceso de los jóvenes a las armas de fuego, y en especial a las pistolas.
"Después de este tipo de sucesos, mi opinión personal es que necesitamos analizar si la gente debería tener un acceso tan libre a las pistolas", declaró a la prensa.
La legislación vigente hace que sea relativamente sencillo comprar pistolas y rifles de caza en Finlandia, siempre que no se tengan antecedentes penales, y permite que incluso los menores de edad puedan solicitar permisos de armas de caza con el aval de sus padres.
Por ello, no es de extrañar que Finlandia sea el tercer país del mundo con mayor índice de armas de fuego por habitante, después de Estados Unidos y Yemen.
Según datos oficiales, en este país nórdico de 5,2 millones de habitantes existen 1,6 millones de armas, de las que aproximadamente el 60 por ciento son escopetas o rifles de caza.
La anterior masacre escolar, en la que un estudiante de 18 años asesinó a ocho personas el pasado 7 de noviembre en el instituto Jokela, al sur de Finlandia, se consideró un acto aislado, por lo que el Gobierno no modificó la legislación.
Simplemente, las autoridades recomendaron a la policía que fuera más estricta a la hora de examinar las solicitudes para conseguir permisos de armas, y aumentaron los fondos públicos destinados a ofrecer apoyo psicológico en las escuelas.
Además, el Gobierno acordó adoptar la directiva europea que elevaba a 18 años la edad mínima para tener un arma, aunque no llegó a aplicarla.
Después de la masacre de Kauhajoki, algunas voces han pedido la dimisión de la ministra del Interior, Anne Holmlund, por no haber sido capaz de evitar que se repita la tragedia de Jokela.
La ministra, sin embargo, declaró a la prensa que no se siente responsable por no haber previsto la matanza de ayer, y afirmó que dimitir ahora sería un acto "cobarde".
Holmlund anunció que su ministerio ya está trabajando en una "propuesta de ley urgente" para enmendar la legislación vigente sobre armas de fuego, que será remitida al Parlamento la próxima primavera.
La nueva ley endurecerá la concesión de permisos de armas, estudiando el estado de salud mental de los solicitantes, y establecerá aumentará el control sobre el almacenamiento de armas.
Mientras tanto, la investigación policial continúa arrojando nuevos detalles sobre la matanza de Kauhajoki.
Según la policía, el asesino dejó en su apartamento dos breves notas manuscritas en las que daba a entender que llevaba seis años planeando la matanza.
"El contenido de las notas indica que odiaba a la humanidad y a la raza humana y que había empezado a planear esto en 2002", declaró a la prensa Jari Neulaniemi, el jefe de la investigación.
En uno de los mensajes manuscritos, Saari afirmaba que "la solución es Walther", en referencia a la marca de la pistola automática calibre 22 con la que cometió la matanza, una Walther P22.
En el otro, según la policía, escribió: "siempre he querido matar al mayor número de gente posible".
Las autoridades investigan por qué la policía local, que interrogó al asesino la víspera de la matanza a raíz de los vídeos que colgó en internet, no le consideró peligroso y decidió no confiscar su pistola y su licencia de armas.
La masacre de Kauhajoki se saldó con la muerte de nueve estudiantes y un empleado del centro, probablemente un profesor, además del propio asesino, que se suicidó de un disparo en la cabeza.