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La Audiencia reabre las dudas de la Operación Puerto con la entrega de las bolsas de sangre

Madrid, 14 jun (EFE).- La ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve a los dos condenados por la Operación Puerto y ordena la entrega de las muestras de sangre a las organizaciones competentes en materia de dopaje cuando se desarrolló mantendrá abierto un caso que se inició hace una década.

Tres años, un mes y quince días después de que el juzgado de lo Penal número 21 de Madrid condenase a un año de cárcel al doctor Eufemiano Fuentes y a cuatro meses al preparador físico José Ignacio Labarta, ambos por un delito contra la salud pública, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a ambos y ha estimado parte de los recursos presentados en contra.

La decisión de entregar las muestras de sangre a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Federación Española de Ciclismo (RFEF), la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Comité Olímpico Italiano (CONI) prolonga aún más el caso y siembra dudas sobre la forma de proceder y las consecuencias que puede tener.

La AMA, que ha aplaudido la decisión conocida hoy, ya ha anunciado que contactará con las otras tres partes a las que se ha garantizado el acceso a las muestras de sangre para estudiar sus posibilidades legales de analizarlas, como primer paso.

Tras la entrega de una cantidad mínima de cada bolsa a cada parte, el proceso de apertura de las muestras conservadas desde 2006 no garantizará necesariamente las identificaciones, ya que no en todas hay ADN, ya que permanecen guardadas tanto bolsas de sangre como de plasma, explicaron a EFE expertos en materia de dopaje.

Otra de las incógnitas es qué puede ocurrir si se procede a identificaciones de propietarios de esa sangre cuando no hay abiertos expedientes disciplinarios que podrían acarrear sanciones administrativas una vez pasado ese plazo de diez años para prescribir.

El 30 de abril de 2013, la juez rechazó la pretensión de las acusaciones ejercidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Comité Olímpico Italiano (CONI) y la Federación Española de Ciclismo de que les fueran entregadas las bolsas de sangre en poder del laboratorio antidopaje de Barcelona, cuyo número "no cuadra" con las supuestamente intervenidas por la Guardia Civil.

En su resolución, la magistrada Julia Patricia Santamaría aludió al respeto a los derechos fundamentales de los deportistas reconocidos en la Constitución para justificar su decisión y ordenó que las muestras y el material informático aprehendido por la Guardia Civil se destruyera cuando la sentencia fuera firme.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado -en representación del Consejo Superior de Deportes (CSD)-, la Unión Ciclista Internacional (UCI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Comité Olímpico Italiano (CONI), el exciclista Jesús Manzano y los dos condenados recurrieron después el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Los recursos rechazaban las penas para Fuentes y Labarta, con multas respectivas de 4.500 y 1.800 euros; la absolución de los exdirectores de equipos ciclistas Manolo Saiz y Vicente Belda y la doctora Yolanda Fuentes, y solicitaban la entrega de las bolsas de sangre.

Hoy, la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha mantenido estas absoluciones en su sentencia, que llega diez años después de abrirse el caso y por ello, según el Código Mundial Antidopaje, no parece probable la apertura de expedientes si hay identificaciones.

La Operación Puerto se desarrolló cuando del dopaje no estaba tipificado como delito en España. Fue meses después cuando se aprobó la Ley Orgánica 7/2006 sobre la materia y el artículo 361 bis del Código Penal estableció penas de entre seis meses y dos años de prisión para quienes faciliten a los deportistas sustancias o fármacos prohibidos "destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones", siempre que pongan en peligro su vida o su salud.

Pese a las posteriores modificaciones legislativas, la última en vigor desde verano de 2013, la AMA suspendió a principios de mes al laboratorio de Madrid tras declarar que la Agencia Española no cumple totalmente el Código Mundial en vigor desde enero de 2015.

La situación política en España por las elecciones generales del pasado diciembre y la imposibilidad de formar Gobierno ha impedido la implementación total del Código, que necesita introducir dos nuevas infracciones (complicidad y asociación prohibida), alargar las sanciones para casos de dopaje intencionado de dos a cuatro años y modificar el periodo de prescripción de las infracciones de los 8 años actuales a los 10 establecidos en el mismo.

La AMA prevé tener un nuevo código para el año 2021, por lo que las modificaciones que se introduzcan en la normativa española tendrán que volver a adecuarse a ese futuro texto.

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