El Fiscal rebaja la petición de penas a "los 8 de Yesa" y podrán eludir la cárcel

Zaragoza, 1 jun (EFE).- Los "8 de Yesa", entre los que figura el exdiputado de Podemos por Huesca Jorge Luis Bail, podrán eludir la cárcel al rebajar el fiscal su petición de pena en el juicio que contra ellos se ha celebrado hoy en Zaragoza por agredir en 2012 a la Guardia Civil en una protesta contra el recrecimiento del pantano de Yesa.

El fiscal Manuel Torralba, quien pedía entre dos y seis años y medio de prisión, además de más de 22.000 euros en indemnizaciones, ha rebajado en sus conclusiones definitivas las penas hasta dos años de cárcel para cada uno por atentado a la autoridad y ha establecido multas para los delitos de lesiones y faltas.

El abogado de los agentes, Mariano Tafalla, se ha adherido a las peticiones del fiscal y ha mantenido sus reclamaciones en indemnizaciones, mientras que las defensas han rechazado que hubiera atentado, han pedido la absolución y han resaltado las dudas sobre la credibilidad y la "picaresca" de los partes de lesiones.

La segunda y última sesión del juicio se ha celebrado ante el Juzgado de lo Penal Número 1 con las conclusiones de las partes y las declaraciones de los testigos, peritos y los agentes, quienes han destacado que fueron víctimas de golpes y patadas en un tumulto que se desarrolló muy rápido.

Los hechos se remontan al 10 de octubre de 2012, cuando los agentes intervinieron contra unas 150 personas -entre ellas los acusados- que cortaban en el municipio de Artieda (Zaragoza) la carretera A-1601, para protestar por las expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para acometer el recrecimiento del embalse de Yesa.

Los testimonios los ha iniciado el jefe del pelotón de la Guardia Civil, quien ha dicho que actuaron según el protocolo, que dieron tres avisos que "se escucharon perfectamente", desde una distancia prudencial para que hubiera tiempo de pensar y retirarse, pero que respondieron que no se iban a mover.

Ha ratificado que era una manifestación no autorizada, que entorpecía la circulación y que antes de intervenir un capitán de la Guardia Civil habló con los concentrados sin resultado, por lo que actuaron tras recibir la orden correspondiente de "arriba".

Pertrechados con cascos, escudos y bocachas, el pelotón, ha relatado, se acercó a los concentrados a ritmo normal -no fue una carga, que se hace corriendo o a paso ligero, ha precisado- y se encontraron con una resistencia "más dura de lo que esperábamos".

El objetivo era abrir un pasillo pero la situación derivó en un enfrentamiento y forcejeos, con golpes y patadas fruto de las cuales un agente, que estuvo dos días hospitalizado y 204 impedido, fue tirado al suelo y tuvo que ser rescatado por sus compañeros.

A preguntas de la defensa de los acusados sobre la utilizaron de material antidisturbios, ha respondido que si se quiere abrir un pasillo ante una masa no se puede hacer "tirando flores" y ha descrito la situación como "un caos".

Ha insistido en que esperaban que la protesta fuera pacífica y que con la llegada del entonces alcalde de Artieda, Javier Jiménez, desapareció la "necesidad de intervenir" y "se solucionó todo", tras hablar con los técnicos de la CHE.

Jiménez, quien ha declarado como testigo, ha manifestado que se sumo a la protesta para estar con la gente del pueblo, que cayó al suelo, que la Guardia Civil avisó por megafonía, que "nadie pensaba que iba a producirse" el "follón" y que no hubo opción a hablar.

Ha explicado que firmó el acta de expropiaciones con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tras los incidentes, que "ni de lejos" pensaba que se podría producir la carga y que creía que se entablaría un diálogo como otras veces.

En la sesión de hoy han declarado los agentes -algunos de los cuales estuvieron meses de baja- que participaron en los hechos y todos han coincidido en que se produjo un "tumulto" en el que recibieron patadas, puñetazos y golpes "por todos lados".

Por su parte, los peritos médicos Juan Antonio Cobo, del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), y Abel Gago, médico especialista en valoración del daño, han cuestionado el origen de varias de las lesiones denunciadas por los agentes, que a su parecer podrían tener otra causa o ser de carácter crónico.