Madrid, 3 may (EFE).- La Fiscalía ha defendido hoy en el juicio del Madrid Arena que la muerte de las cinco jóvenes en la fiesta del 1 de noviembre de 2012 "no fue un mero accidente ni una fatalidad, sino que fue una imprudencia", provocada por una cadena de fallos debido a las conductas "descuidadas y negligentes" de los acusados.
Durante más de cuatro horas y media, los dos representantes del Ministerio Público han detallado las responsabilidades de trece de los quince acusados en la vista oral, toda vez que la Fiscalía no acusa al exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo y retiró los cargos al técnico de operaciones de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), José Ruiz Ayuso.
Frente a ellos, los procesados no han perdido detalle de sus explicaciones, algunos mostrando evidentes gestos de preocupación, otros moviendo la cabeza en un signo de disconformidad con los hechos que narraban los fiscales e, incluso, se ha visto cómo algunos acusados pronunciaban en voz baja insultos durante la vista.
Sus gestos han cambiado en cuanto la fiscal Ana Muñoz ha comenzado con sus calificaciones finales afirmando de manera rotunda que la tragedia "no fue un mero accidente, ni una fatalidad sino que fue una imprudencia", provocada por la acción u omisión en las conductas de los procesados.
Todos ellos son responsables porque "crearon un peligro para la vida de los asistentes y no neutralizaron el riesgo" que causó la muerte de las cinco jóvenes que "eran evitables", ha especificado la fiscal, que a continuación ha narrado la cadena de fallos y errores que condujeron al fatal desenlace.
El cierre de vomitorios, la "indebida" apertura de puertas como el portón de cota 0 y el muelle mónico por el que se colaron cientos de personas, la ausencia de vigilantes en el cuarto de cámaras y el "precario e insuficiente" control en el acceso del pabellón.
Pero también la "desidia y pasividad" del equipo médico, el manifiesto incumplimiento en el deber de vigilancia, la ausencia de coordinación entre todas las partes y, sobre todo, el sobreaforo del Madrid Arena.
Ha sido aquí cuando ha señalado al promotor Miguel Ángel Flores como el "causante del sobreaforo que lleva a una masificación que se hace insoportable para los asistentes" al vender más entradas de las permitidas "antes de tener firmado el contrato" con Madridec.
Pese a reconocer que "no se puede saber con exactitud" cual fue el número de asistentes, la fiscal ha considerado que Flores vendió un mínimo de 16.661 entradas para un evento que tenía un aforo máximo de 10.620 personas, aunque la cifra fue mucho mayor.
"Queda claro su intención de llenar el pabellón más allá de lo permitido por Madridec" y de "sobrepasar claramente" el aforo del pabellón para, sobre todo, "masificar" la pista central con el "claro interés" de realizar el "número de la barca" del dj Steve Aoki, de forma que el artista pudiera tirar sobre el público una barca para subirse a ella, como así figuraba en su contrato.
Tampoco se ha escapado Flores de su responsabilidad en la seguridad del evento, ya que la fiscal ha recordado que según la normativa vigente, la seguridad privada es competencia exclusiva del organizador, pese a lo negado por el empresario.
Flores apuntó a Seguriber, que destinó 38 vigilantes, 32 en el exterior y 6 en el interior del pabellón; y reiteró que Kontrol 34 dispuso de auxiliares que no se ocupaban de la seguridad interior, por lo que se quitaba toda responsabilidad en este asunto.
"¿Pensaba cubrir una macrofiesta de gente joven, nocturna, con un aforo de 10.620 personas solo con 6 vigilantes de seguridad?", ha dicho la fiscal dirigiéndose a Flores. "Claro que le compete la seguridad privada, era el organizador", ha añadido.
Ahora bien, la responsabilidad en seguridad también alcanza a Seguriber y Kontrol 34, contratadas por Madridec y Diviertt respectivamente. La conducta de sus mandos fue crucial para entender la masificación que se produjo en la pista central, como también sucedió con los procesados de Madridec. En ese momento habría que "haber paralizado el evento", ha subrayado la fiscal.
En cuanto a los médicos Simón y Carlos Viñals, ha señalado que actuaron de manera "negligente", con pocos conocimientos del desfibrilador y ha acusado al primero de asumir una función que por su edad, 77 años en el momento de los hechos, le sobrepasaba: "Dada su edad asumió una función que sobrepasaba su capacidad".
