Xàtiva (Valencia) tendrá que pagar 694.000 euros por sobrecostes en la Ciutat de l'Esport cuando gobernaba Alfonso Rus

El juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) a pagar más de 694.235 euros más intereses por sobrecostes en la construcción de la Ciutat de l'Esport a raíz de modificaciones del proyecto entre los años 2006 y 2011 cuando gobernaba la localidad el exalcalde Alfonso Rus (PP).

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha considerado el magistrado en una sentencia en la que estima parcialmente el recurso presentado por la adjudicataria de las obras, Acciona Infraestructuras SA, contra una resolución del consistorio setabense que desestimaba la reclamación de liquidación y revisión de precios del contrato.

En la sentencia, el juez ordena pagar a la contratista 24.124 euros más IVA por obras de reparación y 670.021 euros más IVA por trabajos por orden de la dirección facultativa más los intereses de demora. Por el concepto de revisión de precios, la cuantía a pagar se deberá determinar en ejecución de sentencia.

La dirección facultativa emitió informes en los años 2012 y 2013 donde refería que había ordenado a Acciona la ejecución de unidades de obra no previstas en el proyecto de obra y su modificado "para satisfacer nuevas necesidades municipales y cuya ejecución era absolutamente necesaria para la correcta ejecución de las unidades en interés del Ayuntamiento".

Esas unidades no previstas en el proyecto se incluyeron en la certificación final como "exceso de medición de determinadas unidades de obras previstas" --por importe de 711.807 euros-- y a las a las ejecutadas no previstas se les dio en la certificación el tratamiento de mejoras de las unidades de obra prevista. La contratista presentó revisión de precios en el consistorio por importe de 455.228 euros. El consistorio la aprobó, pero sin fijar cuantía, y la empresa realizó una nueva revisión que la elevó a 672.000.

El juez destaca que hubo una actuación "poco diligente" y la administración no fue ajena a una "mala praxis" al delegar en la dirección facultativa "la obligación de dar cuenta de los modificados de obras y de certificar la obra realmente realizadas", pero señala que el contratista ha probado que realizó las obras --sustituciones y modificaciones solicitadas-- en el periodo de garantía y sin que fueran provocadas por una causa imputable a la empresa.

En mayo de 2006, el Ayuntamiento adjudicó a Acciona la redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción del recinto deportivo por un total de 7.729.200 euros. En 2010, la junta de gobierno local de Xàtiva aprobó un proyecto modificado de obra en 1.650.802 euros. De este modo, se ordenó a la contratista la ejecución de obras no previstas en el contrato ni en el modificado.

MODIFICACIONES

Entre las modificaciones, se incluyó la instalación de césped artificial, la restauración de la playa de la piscina del recinto o la señalética de las instalaciones. Este nuevo cambio no fue tramitado por el consistorio y esta nueva suma ascendió a 375.666 euros.

Por su parte, la empresa adjudicataria aportó en su recurso un informe en el que se cuantifican las obras ejecutadas no incluidas en el proyecto inicial ni en el modificado en 670.549 euros.

Los técnicos del consistorio realizaron asimismo otro informe en el que afirmaban que el sobrecoste en la liquidación presentada superaba el diez por ciento del presupuesto primitivo. El Gobierno local, por su parte, defendía en un informe que se hicieron las revisiones no incluidas en el proyecto inicial ni en el modificado porque era la manera de "dar forma administrativa a las necesidades municipales".

Posteriormente, Acciona presentó un recurso reclamando el pago de 860.431 euros, que desestimó un juzgado de Valencia porque consideró que no quedó acreditada la ejecución de las obras realizadas fuera del proyecto.

Además de estas todas estas modificaciones no acordadas inicialmente, la empresa también reclamaba 24.214 euros de obras realizadas durante el año de garantía que consideraba que se trataba de nuevas obras.

Ante esta situación, la constructora solicitó la liquidación del contrato y la revisión de los precios. La firma reclamaba así el abono del importe de la revisión de precios de la obra no justificados más intereses de demora, el abono de la obra realmente ejecutada y el de los trabajos realizados durante el periodo de garantía.

En su sentencia, el magistrado considera que el consistorio debe abonar los 24.214 euros de las obras de reparación en el periodo de garantía, más 670.021 euros por los trabajos realizados por orden de la dirección facultativa recogidos en la certificación final de la obra.