San Salvador, 6 abr (EFE).- Las empresas de telecomunicaciones que operan en El Salvador se comprometieron hoy a cumplir la obligación de cortar la señal telefónica en las cárceles, para evitar que los reos se comuniquen con pandilleros en libertad, a quienes les ordenan cometer homicidios y extorsiones.
Durante una reunión entre representantes de diferentes empresas, como Digicel, Tigo, Telegónica y Claro, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, estas acordaron "tomar las medidas necesarias para garantizar que el propósito sea cumplido", explicó el funcionario al término del encuentro.
En la convocatoria se abordó el bloqueo de las señales en los perímetros establecidos en las zonas donde se ubican los centros penitenciarios, desde donde los líderes de las pandillas dan órdenes de cometer delitos.
El bloqueo de las comunicaciones desde las cárceles es parte de las medidas extraordinarias contra la criminalidad que ejecuta el Gobierno a través del decreto que contiene las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, avalado la semana pasada en el pleno Legislativo.
El vicepresidente informó que "se les explicó a los ejecutivos de las empresas el mandato que se tiene por ley para garantizar que se pueda hacer efectivo el corte de cualquier esquema de comunicación que facilite o estimule la organización de actividades criminales".
"Hemos pedido que se priorice, como responsabilidad de todas las operadoras, poniendo toda la tecnología con la que cuentan, para garantizar impactar en los perímetros establecidos y que esto no pueda, ni deba afectar a otras poblaciones lejanas o poblaciones que están fuera de los perímetros externos", señaló el funcionario.
El Salvador vive un recrudecimiento de la criminalidad que cobró la vida de 2.003 personas entre enero y marzo pasados, un 87 % más que los 1.127 registrados en el mismo lapso en 2015, y las autoridades responsabilizan a las pandillas de esta alza.
A la escalada en los homicidios se suma el asesinato de 11 trabajadores el pasado 3 de marzo en la localidad de San Juan Opico (noroeste) que, según las autoridades de Seguridad, fue ordenado desde dos penales por líderes de la Mara Salvatrucha (MS13).
El sistema salvadoreño alberga a más de 30.000 reos, de los cuales más de 13.000 son pandilleros.
