La Fiscalía mantiene 10 años de cárcel para el exembajador de Finlandia por contratar ilegalmente el servicio doméstico

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido su petición de 10 años de cárcel para el exembajador de España en Finlandia Marcos Vega Gómez por "imponer su voluntad" en la contratación "ilegal" del servicio doméstico en la residencia oficial de la legación española y mantener a las empleadas en las "condiciones que no eran las más aconsejables".

La fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Monfort ha elevado a definitiva su petición de que el diplomático sea también condenado a una pena de 21 años de inhabilitación especial para desempeñar un cargo público y una multa de 30.000 euros por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsificación de documento oficial.

El abogado del Estado Edmundo Bal ha requerido que sea el Tribunal de Cuentas el que determine la responsabilidad civil derivada del delito que debe pagar el acusado, al tiempo que ha calificado de "demoledores" los testimonios prestados por el entonces canciller y los funcionarios que inspeccionaron la sede diplomática en Helsinki.

"No hay justificación respecto a las irregularidades en la gestión del patrimonio público que atribuimos al acusado. Tenía una voluntad diáfana de conseguir un ahorro presupuestario engañando a Madrid", ha afirmado el representante de los servicios jurídicos del Estado.

ACUERDOS "ARBITRARIOS"

En su intervención, la fiscal ha explicado que la filipina Expedita y la etíope Sophia trabajaron en la delegación cuando solo disponían de visado para turistas y sin el permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores. "El embajador lamentablemente no hizo nada, impuso su voluntad, quería contratarlas y así lo hizo a través de acuerdos arbitrarios hasta el proceso de selección", ha añadido.

"Permitió que trabajaran en unas condiciones que no eran las más aconsejables", ha expuesto Monfort, para añadir que ambas desconocían el contenido del contrato en español que firmaron y que el acusado quería contratar a una tercera con el dinero que Exteriores le diera para las otras dos, pagando a cada una 800 euros al mes.

La defensa, ejercida por el abogado José María Garzón, ha reclamado la libre absolución de Vega, después de haber solicitado suspender sin éxito el juicio al no haber sido posible localizar a los trabajadores afectados. A instancias suyas, se ha visionado la declaración que prestó en fase de instrucción una de las trabajadoras, que manifestó que cobró un salario mensual de 800 euros por parte de Medina.

En el juicio, Marcos Vega Gómez ha asegurado que el entonces canciller Ismael Medina se encargaba de la "gestión contable y administrativa" y ha defendido que él solo intervino en el proceso de elección de las empleadas del hogar, el cual fue "limpio y claro". "No tenía ningún interés particular por contratarlas ni ninguna relación con ellas", ha dicho.

En su opinión, el canciller le denunció en octubre de 2011 cuando "intentó poner coto a prácticas ilegales", como el hecho de que la Embajada contara con una 'caja b' para eludir el pago de impuestos en la compra de gasolina o alcohol. Con todo, Vega ha justificado la contratación durante los meses de verano de las trabajadoras en que debía asegurar el normal funcionamiento de la Embajada.

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