Juzgado ordena dar país por cárcel al exministro de Seguridad de Panamá

Panamá, 7 mar (EFE).- El exministro panameño de Seguridad José Raúl Mulino fue liberado hoy de la detención preventiva y se le prohibió salir del país por orden de un juzgado, que consideró desproporcionado mantenerlo casi seis meses recluido por un supuesto caso de corrupción, informó el Órgano Judicial (OJ).

El juez del Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal, Enrique Paniza sustentó, según un comunicado del OJ, que no se ha probado que Mulino sea un tipo "peligroso" y que las condiciones de la cárcel en la que está recluido no permiten darle los cuidados de salud que necesita.

Además, evaluó como exagerado someterlo a detención preventiva cuando el proceso apenas está en condición "incipiente".

El juzgado "admitió la solicitud de aplicación de una medida cautelar distinta a la detención preventiva al exministro de Seguridad José Raúl Mulino Quintero dentro del proceso que se le sigue en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública", afirmó el OJ.

Mulino es investigado por supuesta recepción de coimas en un contrato que Panamá firmó con la empresa Finmeccanica de Italia en el quinquenio 2009-2014, por 250 millones de dólares, que incluía la instalación de 19 radares para la lucha antinarcóticos, levantar un mapa cartográfico digital y seis helicópteros de vigilancia.

Paniza le sustituyó a Mulino la detención por la medida de país por cárcel, es decir, la prohibición de salida del país, notificación los 30 de cada mes en los tribunales y residir en su domicilio actual, acotó.

Apuntó que "la decisión del juez se basó en que dentro del sumario no se ha acreditado que el imputado sea una persona peligrosa o que pueda alterar o desaparecer las pruebas o que exista posibilidad de fuga".

Paniza explicó que la medida de detención preventiva "solo se aplica para que el sindicado no desatienda el proceso, por lo que puede gozar de libertad ambulatoria mientras dure la investigación".

Agregó que "en materia de derechos humanos, se debe garantizar su vida y seguridad personal".

En cuanto a sus condiciones de salud, el juez sustentó que debido a los informes médicos legales por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Hospital Santo Tomás (estatal), "Mulino padece de varias enfermedades y requiere de cuidado especial y evaluaciones médicas periódicas".

"Nuestros centros carcelarios no cuentan con las estructuras adecuadas para brindarle a los detenidos la atención especializada que requieren", añadió.

La resolución indica que "la restricción de la libertad no es acorde con la proporcionalidad de la naturaleza del hecho, ya que se está en una etapa incipiente de la investigación, y aun no se ha examinado en este momento la posible responsabilidad del imputado, y por lo tanto se le puede aplicar una medida menos severa que la detención preventiva".

Una fuente del Ministerio Público dijo a Efe que la fiscal del caso, Zuleyka Moore, "analiza la decisión" de Paniza antes de decidir si apelará o no.

El caso Finmeccanica, que el actual gobierno de Panamá denunció como un contrato lesivo para el país, se resolvió con respecto al consorcio con un arreglo extrajudicial que elimina toda mención a las supuestas "coimas", levantar la suspensión del contrato del mapa cartográfico y de los radares, y declara como buena la compra de los helicópteros, además de renunciar a cualquier reclamo futuro.

A cambio, el conglomerado italiano se llevará los radares no instalados, le otorgará un crédito de unos 30 millones de dólares a Panamá para que le compre, solo a ellos, productos o repuestos de su fabricación y además le entregará al país centroamericano un helicóptero ambulancia, según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial.