Buenos Aires, 4 mar (EFE).- La Fiscalía argentina pidió hoy la apertura de juicio oral y público contra el exsecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito que ascendería a 12,5 millones de pesos (unos 800.000 dólares).
Según informó el Ministerio Público en su página web, el fiscal federal Carlos Rívolo encontró fundamentos suficientes para elevar a juicio el proceso que afecta al exsecretario y a varias personas que integrarían su "círculo cercano" y que, entiende, habrían colaborado con él.
Para Rívolo, Jaime, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Transporte del Gobierno argentino entre el 28 de mayo de 2003 y el 1 de julio de 2009, se enriqueció durante esos años de forma "apreciable e injustificada" -de acuerdo con los ingresos declarados por él mismo- mediante operaciones de compraventa de bienes ilegítimas.
Esos intercambios también se produjeron, según el fiscal, durante los dos años posteriores, etapa denominada como "período de sospecha".
"Su patrimonio desvelado se incrementó injustificadamente superando de forma ponderable sus ingresos legítimos, por un monto que contablemente se ha estimado superior a los 12 millones y medio de pesos", reza el auto del fiscal presentado ante el juez Sebastián Casanello en el que pide la apertura de juicio oral.
El Ministerio Público habla de "complejas triangulaciones de personas -físicas y jurídicas" que permitieron al exfuncionario disimular el enriquecimiento ilegal, unas acusaciones que expone después de los numerosos peritajes, pruebas y testimonios recabados durante las pesquisas judiciales.
La causa que investiga al exsecretario se inició tras una denuncia a partir de un artículo en el diario local Crítica de la Argentina, publicado en julio de 2008, en el que se hacía hincapié en el llamativo aumento patrimonial de numerosos funcionarios públicos, entre los que se encontraba Jaime.
Jaime fue condenado a cinco años de prisión el pasado diciembre al ser considerado penalmente responsable del choque ferroviario en la concurrida estación capitalina de Once, que dejó 51 muertos y centenares de heridos en 2012.
Además, el exsecretario fue condenado también a un año de cárcel en una causa por dádivas recibidas de las empresas de transporte, y está procesado por presunta malversación de fondos, entre otras causas abiertas contra él.
