
Barcelona, 25 feb (EFE).- El juez que investiga la consulta soberanista del 9N ha pedido a la Fiscalía Superior de Cataluña que aporte el informe de la junta de fiscales que, en noviembre de 2014, se opuso a presentar una querella contra el expresidente catalán Artur Mas, que finalmente impuso la Fiscalía General del Estado.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril acuerda requerir a la Fiscalía ese informe, tal y como le había solicitado la defensa del expresidente de la Generalitat.
El informe, que argumentaba que no existe base jurídica para imputar un delito de desobediencia a los miembros del gobierno catalán por la consulta, fue aprobado el 17 de noviembre de 2014 por unanimidad en una junta de fiscales del TSJC convocada a instancias de varios miembros de la institución reacios a la querella.
Tras el dictamen, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, comunicó al entonces fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce que no consideraba procedente presentar la querella, por lo que el debate se trasladó a la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, que acabó avalando la interposición de acciones legales contra Mas.
En su dictamen, los fiscales del TSJC examinaron la jurisprudencia del Supremo en el delito de desobediencia y concluyeron que no existían fundamentos jurídicos para imputar a los miembros del gobierno catalán por mantener la consulta una vez fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
Los fiscales argüían que la suspensión cautelar de la consulta fue automática, ya que así lo establece la ley cuando el Gobierno recurre la decisión de un gobierno autonómico, y advertían de que el TC no emitió ninguna orden expresa sobre el alcance de su prohibición.
La Fiscalía del TSJC adujo también que la suspensión del TC no incluía un requerimiento y apercibimiento expreso que advirtiera a las autoridades vinculadas a la organización de la consulta del 9N de que no debían colaborar en la misma y de las responsabilidades penales en que podrían incurrir de hacerlo.
Por otra parte, el magistrado ha acordado citar a declarar como testigo para el próximo 7 de marzo a un representante de la empresa Inet Inst, acerca del reparto de ordenadores y mantenimiento técnico para la jornada del 9N, para que concrete en que consistieron los trabajos que le encargó la Generalitat, por parte de quien recibían las instrucciones y en qué fechas se realizaron.
También cita el mismo día como testigo a un representante de 10Dencehispahard SL, por sus labores en relación al dominio de Internet vinculado a la consulta.
Por el contrario, el juez ha desestimado la petición para que comparecieran como testigos los responsables de Securitas Direct España y Akamai Technologies Spain, ya que, a partir de la documentación que aportaron en la causa, se ha acreditado que no tuvieron ninguna relación con el proceso.
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